Las personas sin recursos de Extremadura prefieren la ayuda de Caritas y Cruz Roja para pagar la luz

• Dehesas Vivas

Las trabas burocráticas con las que se encuentran las familias placentinas que piden ayudas públicas para pagar la factura de la luz es la causa de que la mayor parte de ellas hayan renunciado a presentarse a la convocatoria de mínimos vitales. Prefieren acudir a Cáritas o directamente a las parroquias de los barrios, donde los voluntarios conocen bien la situación particular de cada familia y estas no se tropiezan con los problemas que les pone la administración.

Según consta en el artículo «La pobreza energética en Extremadura es ya la segunda causa de intervención social» del Periódico Extremadura del pasado 21 de febrero, Cruz Roja ayudó en 2015 a más de 700 familias, 300 en Cáceres y 400 en Badajoz y Cáritas abonó más de 6.000 recibos de suministros (electricidad, gas y agua) en la región. Más de 27.000 familias tienen graves problemas para abonar las facturas y el 6,7% ha tenido retrasos en los pagos.

En el caso de Cruz Roja, en el último año han atendido por este motivo las peticiones de más de 700 familias, de ellas 300 correspondientes a la provincia de Cáceres y 400 a la de Badajoz. Las demandas son principalmente por el pago de recibos de electricidad, pero también de gas y en menor medida, de agua. En Cáceres ha habido un incremento en el 2016 y ahora tenemos 950 beneficiarios, resume María Redondo, responsable de este proyecto en Cáceres.

Según la última encuesta de condiciones de vida publicada por el INE en 2015 (los datos corresponden a 2014 y son los últimos disponibles), un 7,3% de los extremeños no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada (18 grados en invierno según la Organización Mundial de la Salud) y un 6,9% había tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, facturas de suministros, comunidad…)

Extremadura es la tercera región de España con mayor número de hogares con dificultades para llegar a fin de mes –con una tasa de un 20,9% — y se estima que más de 27.000 familias tienen graves problemas para abonar las facturas. Son dos de los puntales del decreto de mínimos vitales que la Junta de Extremadura puso en marcha el año pasado y del que está ultimando de resolver las solicitudes de los 301 ayuntamientos y 14 entidades locales, que han expresado su deseo de adherirse a ayudas que oscilan entre los 5.000 y los 250.000 euros. El montante global asciende a 5 millones de euros en dos anualidades (los 2,3 millones correspondientes a 2015 son los que están pendientes de resolverse) y estarán destinadas a atender pagos de suministros básicos de las familias con menos recursos. Solo en la ciudad de Badajoz, estiman que con esta ayuda se podrá atender a 589 familias. En Cáceres se están tramitando un centenar de peticiones.

Más allá de este plan de ayudas regional, oenegés como Cruz Roja o Cáritas soportan buena parte del peso de la ayuda para cubrir sus mínimos vitales. Para ambas organizaciones, este concepto ya copa buena parte de las intervenciones que realizan, situándola al menos como la segunda en relevancia, tanto económica (por el volumen de fondos que destinan) como social, por las familias atendidas.

«Somos el último recurso, o el primero», dice Pilar Rama, trabajadora social de Cáritas en Plasencia, donde el año pasado destinaron más de 14.000 euros a pagar facturas de agua, luz y gas en más de un centenar de ocasiones y donde la pobreza energética supone el montante más abultado de la atención del colectivo en la diócesis. «La primera demanda la atendemos siempre, si la cuantía es razonable» añade. Hubo 82 peticiones en el primer semestre –lo calculan de noviembre a mayo– y en este llevan 72, lo que le hace temer una tendencia al alza en 2016. «Se nota mucho cuando hay retrasos en la Renta Básica, los que van muy justos no llegan», dice.

Según la última encuesta de condiciones de vida publicada por el INE en 2015 (los datos corresponden a 2014 y son los últimos disponibles), un 7,3% de los extremeños no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada (18 grados en invierno según la Organización Mundial de la Salud) y un 6,9% había tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, facturas de suministros, comunidad…)

Desde Cáritas apuntan dos factores clave que han ahondado en este problema: desde 2007 la factura eléctrica se ha disparado en España un 67%, mientras que la renta media de los hogares se ha reducido un 14% –son cifras del VII informe Foessa de exclusión social–. «La pobreza no se puede fragmentar y la pobreza energética no es más que la consecuencia de la pobreza, de la combinación de ingresos bajos, elevados precios de la energía y deficientes niveles de eficiencia energética», subraya Francisco Manuel Delgado, secretario de Cáritas en Cáceres. El año pasado pagaron recibos por 3.000 euros, el doble que en 2014, y trabajaron con las familias en una integración social.

En Cáritas Mérida-Badajoz, la pobreza energética es ya la segunda causa de intervención. Apenas supera el 5% de las consultas, pero equivale al 28% de las ayudas que entregan a las familias. Según los datos de la organización, de las 93.731 intervenciones en 2015, 5.024 se referían a suministros (son actuaciones, no son personas atendidas), a pesar de que fijan límites «para evitar que se genere una dependencia». La ayuda total no puede superar 90 euros al mes, ni se puede solicitar ayuda más de tres meses consecutivos.

La pobreza energética es una pata más de la pobreza «agravada», según Delgado, porque las herramientas creadas por las administraciones son lentas. «Desde que una familia pide ayuda pagar suministros, hasta que se le concede, pueden pasar dos o tres meses y ya es tarde», resume.

En la administración local, el Ayuntamiento de Cáceres es el único que refiere un plan específico para familias en situación de pobreza energética a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales. En el caso de Badajoz, no existe más que para casos de «extrema gravedad». Sí están tramitando las ayudas contempladas en el decreto de mínimos vitales que reserva 250.000 euros para la capital pacense (la misma cantidad que para Cáceres) y que, según calculan, podría llegar a 568 familias, aunque entienden que la ayuda no evitará el corte de suministro. «No dudo de que la Junta haya sacado este decreto con la mejor intención, pero ese modelo nos va a generar problemas», augura Rosario Gómez, concejala de Servicios Sociales .

La Junta de Extremadura había concedido este año a Plasencia un total de 60.000 euros para ayudas de mínimos vitales, un dinero que tendría que haberse destinado a mitigar las consecuencias de la pobreza energética, y también a pagar recibos del agua. Sin embargo, el Ayuntamiento va a hacer uso únicamente de 5.000 euros y el resto se lo va a devolver a la Junta, además con elevados intereses.

El motivo, según un informe de Servicios Sociales que ha hecho público la concejala del área, Flor Conejero, son las condiciones que se establecen en el decreto de las ayudas. En ese documento se señala que este programa de mínimos vitales en realidad «no paga las facturas, sino el gasto de luz, agua o gas, es decir, que los beneficiarios de la ayuda no abonan el total de la factura, por lo que no están exentos de un posible corte del suministro».

Flor Conejero dijo que, concretamente, el máximo que se puede abonar con estas ayudas es «el 30% de la factura de la luz», lo cual se une a otros problemas como la tardanza con la que la Junta publica el decreto y los trámites administrativos que hay que seguir para concederlas antes de final de año (el plazo de solicitud finaliza el 19 de diciembre). Además, argumentó que los servicios sociales deben hacer una previsión de la cantidad que van a necesitar, y si se equivocan y luego tienen que devolver dinero se les aplican unos intereses «del 26%».

Estas son, según la concejala, las causas de que el Ayuntamiento de Plasencia vaya a usar tan solo 5.000 de los 60.000 euros de los que disponía para mínimos vitales. Aseguró incluso que, desde que ella dirige el área, no le ha llegado ningún caso de familia que no haya podido pagar el recibo de la luz por carecer de recursos económicos.

Indignación

Esta última afirmación ha indignado a algunos partidos como Plasencia en Común (PeC) y Podemos. El concejal de PeC, Abel Izquierdo, se pregunta si Flor Conejero «no se plantea irse por vergüenza», y considera «un chiste que no tiene gracia» que la concejala de Servicios Sociales, que se dedica además profesionalmente a esta materia, «desconozca la situación social existente en la ciudad». Izquierdo apunta que «no es posible que tengan que ser los buenos curas los que hagan ver la situación social de las personas y tengan que indicar qué hacer».

Por su parte, Podemos Plasencia ha hecho público un comunicado en el que califica de «vergonzosas» las declaraciones de Conejero, y señala que «ponen en evidencia el total desapego de la realidad local del equipo de gobierno, que vive en una burbuja ajeno a lo que sucede a su alrededor». Podemos señala que es «imposible» que en Plasencia, con una tasa de paro superior al 25%, no haya «familias en situación de desamparo absoluto y víctimas de la pobreza energética», y recuerda en ese sentido la acción al respecto de organizaciones como Cáritas.

No se puede obviar que en esta polémica subyace también el enfrentamiento político entre el Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de Extremadura, que se ha recrudecido en los últimos meses, primero en cuestiones relativas a la educación, la sanidad y el turismo, y ahora también en los servicios sociales. Así lo consideran Plasencia en Común, que ve «motivaciones partidistas» en la devolución de la mayor parte del dinero para mínimos vitales, y el PSOE, que achaca la actuación del Gobierno local a un intento de tirar por tierra este programa de ayudas.

En lo que sí hay cierta coincidencia, al menos entre el PP y Podemos, es en la necesidad de reformar el funcionamiento de estas ayudas. Los populares creen que debe cambiarse para hacerlo más sencillo y para que permita abonar la totalidad de los recibos, y Podemos para que «garantice su total cobertura y la disposición económica en tiempo y forma». Ademas, el partido morado insta al Ayuntamiento y la Junta a que las ayudas de mínimos vitales «cuenten con la publicidad suficiente para que los vecinos sepan cómo solicitarlas».

Según el decreto (289/2015, de 30 de octubre, de mínimos vitales) se consideran gastos subvencionables el suministro de electricidad o agua potable (no de gas), cuando se trate de deudas contraídas en los seis meses anteriores al decreto, si el impago puede provocar el corte «inminente». El importe máximo es de 300 euros. Además cubre el suministro de agua potable, hasta 100 litros por persona y día, y el gasto en energía eléctrica, hasta 6 kw/hora y día por domicilio (no financia término fijo ni impuestos). La ayuda no es incompatible con otras como la Renta Básica, aunque desde la Administración regional aseguran que se está negociando con las eléctricas para que colaboren. La previsión es que en la próxima convocatoria, se pueda tramitar la ayuda «directamente con las eléctricas», dicen.

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