Aragón, a propuesta de Podemos y por unanimidad, dará ayudas sociales para que ningún ciudadano se quede sin luz, agua o calefacción

La luz se hizo. Y la unanimidad también. Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón alcanzaron, por una vez, el consenso. Lo hicieron para sacar adelante una ley que evitará que ningún ciudadano o ciudadana de la Comunidad se quede sin suministro de agua, luz o calefacción por no poder pagarlo.

Por tanto, la llamada Ley de Reducción de la Pobreza Energética de Aragón, propuesta por Podemos, nace con una aquiescencia de la que todos se enorgullecieron en el pasado Pleno autonómico.

El objetivo de la novedosa normativa es conceder ayudas (que se considerarán de urgencia y tendrán naturaleza esencial) a todos aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad energética. Se calcula que en Aragón hay unos 6.000 hogares en este estado. Especialmente alarmantes son las cifras en Zaragoza, donde la pobreza energética se triplicó en menos de un año.

¿Quiénes podrán acceder?

Se establecen dos tipos de ayudas: una del 100 % de la factura energética para las personas o unidades de convivencia en situación de especial vulnerabilidad. Estas son las que tengan ingresos totales al año iguales o inferiores a una vez el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que, en estos momentos, se sitúa en 532,21 euros mensuales.

También recibirán el total de la factura las que tengan ingresos entre 1 y 1,5 veces el Iprem, siempre y cuando concurran una de las siguientes situaciones: tener, al menos, un menor a cargo; ser familia numerosa; que la persona sufra violencia de género o que esta exista en la unidad de convivencia; que estén inmersos en procesos de ejecución hipotecaria o desahucio; que sean víctimas del terrorismo; que algún miembro tenga una discapacidad igual o superior al 33 %; que haya en la unidad algún deudor hipotecario en situación de desempleo y que haya agotado todas las prestaciones o que sea mayor de 60 años, y que existan afectados por situaciones catastróficas.

A las personas en situación de vulnerabilidad se les ayudará con el 50 %. Tendrán esta consideración las que tengan ingresos entre 1 y 2 veces el Iprem. Al igual que en el caso anterior, la ayuda alcanzará a las personas que tengan ingresos entre 2 y 2,5 veces el Iprem si se da alguna de las circunstancias anteriores.

¿Cómo se accede a las ayudas?

Se puede acceder a estas ayudas tanto a instancia de los propios usuarios afectados como a iniciativa de los servicios sociales competentes. Para ello, resaltan en el texto de la legislación, “es importante la incorporación de las empresas suministradoras a la prevención de la pobreza energética, al establecer obligaciones de información al consumidor sobre la existencia de estas ayudas”.

Tanto si los propios afectados las reclaman, como en los casos en los que los Centros de Servicios Sociales detecten que se ha producido (o que se va a llevar a cabo) la suspensión del suministro se realizará una valoración técnica para verificar si esa persona o unidad de convivencia cumple con los requisitos estipulados. Durante este proceso, la empresa suministradora no podrá proceder a la suspensión. Las ayudas se concederán tanto para evitar el corte como para hacer frente al coste que conlleva la reanudación del suministro.

Eficiencia y formación

De igual forma, desde el Gobierno de Aragón (PSOE-CHA) se articulará un Plan de Medidas de eficiencia energética para, mediante la formación, realizar acciones de microeficiencia destinadas “a generar ahorro en el consumo energético y a dinamizar sectores de producción que permiten una reconversión del modelo productivo hacia sectores de innovación que tienen el cuidado del medio ambiente como eje.

También se desarrollarán cursos de formación y empleo para que las personas en pobreza y vulnerabilidad energética puedan tener acceso a formación y a un puesto de trabajo.

Acuerdos con Endesa e Iberdrola

El Gobierno de Aragón ya había dado algún paso en el camino de atacar la pobreza energética, aunque no con medidas de tan amplio espectro como el dimanante de esta ley. A principios de este mismo año, la Administración autonómica llegó a acuerdos con Iberdrola y Endesa para evitar que cortaran la luz a sus clientes.

El presidente de la Comunidad, Javier Lambán, señaló en aquel momento que la prioridad de su Ejecutivo era combatir “la pobreza y la exclusión social” y, por ello, estaban comenzando por aquellas carencias “más lacerantes”.

Ley contra la pobreza energética en Extremadura

El Grupo Parlamentario Podemos en la línea de establecer de manera urgente un rescate ciudadano presentó el día 30 de octubre de 2015 una propuesta de Ley para paliar y reducir la pobreza energética en Extremadura.

“La pobreza energética no ha hecho sino aumentar en los últimos años. A la crisis económica, que ha reducido el poder adquisitivo de muchas familias, se une la subida de precios de los suministros energéticos que no ha hecho más que agravar la situación. Medidas como el bono social eléctrico u otras como el bono social de empresas suministradoras de agua no han tenido el efecto esperado a la hora de garantizar el suministro energético para la ciudadanía y se han mostrado ineficaces”, recoge la exposición de motivos.

Las organizaciones de consumidores calculan que el precio de la electricidad ha subido más de un 60 por ciento desde 2008. Además, el estudio sobre pobreza energética realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales señala que cada invierno mueren 200 personas en Extremadura por causas relacionadas con este tema. Aun siendo la tercera Comunidad Autónoma más afectada por este grave problema, Extremadura no ha desarrollado ninguna política para combatirla.

Por todo ello, el objeto de la propuesta de ley presentada por Podemos es la adopción de medidas de choque para paliar y reducir la pobreza energética en los hogares vulnerables de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para ello se establece la definición y establecimiento del término ‘hogar vulnerable’ conllevará el acceso a una ayuda para el pago de los insumos energéticos. Dicha ayuda se mantendrá durante el tiempo que dure la declaración como ‘hogar vulnerable’ y se realizará según criterios de progresividad.

De nuevo, y siguiendo una actitud que se ha convertido en habitual, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura vetó esta propuesta legislativa el 2 de diciembre de 2015. El argumento es que se aumentaba el presupuesto, aunque de nuevo no se adjuntó ningún informe técnico que así lo acreditara.

Por ello, volvió a presentar la iniciativa legislativa indicando expresamente que la ley debería entrar en vigor en 2016, de modo que se pudiera incluir en los próximos presupuestos. El 13 de enero de 2016, en el plena negociación de presupuestos, el Consejo de Gobierno volvió a vetar la ley.

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