Notas de prensa de PeC y Podemos Plasencia por la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura sobre el contrato de limpieza, conservación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva

Podemos Plasencia se ratifica en el recurso contra la contratación de los servicios de limpieza de las instalaciones deportivas municipales pese a la resolución de la comisión jurídica.


Plasencia en Común resalta que la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura se pronuncia en contra de las sanciones a Abel Izquierdo por cumplir sus obligaciones de concejal de la oposición.


Podemos Plasencia se ratifica en el recurso contra la contratación de los servicios de limpieza de las instalaciones deportivas municipales pese a la resolución de la comisión jurídica.

Desde Podemos Plasencia consideran que la resolución de la comisión jurídica de Extremadura no es competente para evaluar todos los detalles denunciados y se pierde en precedentes que no tienen que ver con el caso denunciado.

Plasencia, 3 de marzo de 2017

Desde Podemos Plasencia queremos mostrar nuestro más firme apoyo al concejal de Plasencia en Común, Abel Izquierdo, y agradecerle su trabajo en el ayuntamiento denunciando pública y oficialmente aquellas injusticias o ilegalidades que detecta en el ejercicio de gobierno de la corporación municipal.

De esta forma nos ratificamos en la denuncia por él impuesta contra la licitación del contrato administrativo de “servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas de la Ciudad de Plasencia”, y reincidimos en los puntos por él expuestos.

Consideramos que la resolución de la comisión jurídica de Extremadura no concreta en ningún momento, por declararse incompetente, la legalidad o no de que sea el director del instituto municipal de deportes quien informe sobre la baja temeraria presentada por la empresa licitadora. En su informe señala en este sentido que “no nos corresponde examinar como órgano especializado en materia de contratación administrativa.”

A su vez la misma comisión reconoce su incapacidad para determinar si la valoración técnica es suficiente ya que su resolución se atañe exclusivamente a términos jurídicos, ya que, según su informe señala “dentro de un análisis estrictamente jurídico -y en ningún caso técnico, que nos está vetado-“

A la vista de estas aclaraciones entendemos que la resolución de la comisión jurídica se centra exclusivamente en la legalidad de que, mediante informe técnico y reconocimiento de la parte contratante, pueda optarse por la oferta más baja, aunque concurra en un caso de baja temeraria, pero en ningún momento se pronuncia en si ese informe técnico, firmado por un director del instituto municipal de deportes sin cualificación alguna y que pertenece al personal de confianza del ayuntamiento, sea válido y solvente.

Por eso desde Podemos Plasencia solicitamos que sea revisada de nuevo esta licitación y que, de mantenerse el empeño de privatizarse, contra el que estamos, se convoque valorando aspectos sociales que redunden en un mayor beneficio para la ciudad y sus vecinos y vecinas y no se asocie todo al ahorro económico, ya que de todos es conocido el resultado de optar por bajas temerarias, por muy explicadas que estén por la entidad licitadora, y que lamentablemente derivan en un servicio deficitario, la rescisión del mismo por incumplimiento antes de tiempo, la precariedad laboral del personal contratado, y/o la modificación puntual posterior de las condiciones del contrato encareciéndolo por encima de lo establecido.

Desde Podemos Plasencia pedimos también que sea el personal técnico municipal, convenientemente cualificado, y no el personal de confianza, consecuentemente politizado y mediatizado, quien informe con un criterio justo y fiable este tipo de circunstancias.

Además solicitamos que a la vista del informe de la comisión jurídica, que reconoce su incapacidad legal para valorar técnica y administrativamente, la capacidad del director general del instituto municipal de deportes para realizar este informe y la fiabilidad del mismo, se solicite a quien competa un nuevo informe técnico y laboral que resuelva estas dudas.

 Para más información:

 

Juan Carlos Herrero Bermejo

Correo electrónico: prensa.podemosplasencia@gmail.com


NOTA DE PRENSA DE PLASENCIA EN COMÚN

Con fecha 2 de marzo se ha conocido la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura pronunciándose sobre el recurso interpuesto por Abel Izquierdo Méndez, concejal de Plasencia en Común, para que se procediese a invalidar la decisión tomada por la MESA DE CONTRATACIÓN y el acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de fecha 16 de diciembre de 2016, punto sexto, apartado A. y retrotraer las actuaciones al momento de emitir un informe de valoración sobre la oferta que contiene valores anormales o desproporcionadas por un técnico con competencias en la materia y basado en un informe más riguroso y serio.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS:

3 de noviembre (Mesa de contratación) Se celebra reunión para contrato administrativo para la prestación de servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Ciudad Deportiva. De las nueve empresas que concurren, la oferta más ventajosa la hace Eco Limpieza Facility Service, S.L.; a favor de la cual se formula propuesta de adjudicación salvo que se compruebe que incursa en temeridad. Para ello se habilitan 10 días hábiles para que la empresa justifique que su oferta no es temeraria.

24 de noviembre (Mesa de contratación). Se indica que se había remitido la documentación de la justificación de la empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICE, S.L. incursa en temeridad, al Director del Instituto Municipal de Deporte, y que el día 22 de mismo mes se recibía del Director de IMD un informe donde se indicaba que “considera viable la ejecución del contrato de acuerdo con los precios ofertados”

16 de diciembre. Se aprueba por Junta de Gobierno, punto 6, apartado a) Contrato administrativo  para  la  prestación  de  los  servicios  de  limpieza,        conservación  y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales… a la empresa Ecolimpieza Facility Service, por un importe anual de 93.881,56 €/año IVA incluido.

En el recurso presentado por Abel Izquierdo, éste remarca que según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se afirma, en el artículo 152, sobre “Ofertas   con valores anormales o desproporcionados” que en el procedimiento de valoración de la justificación de la oferta y las condiciones de la misma por parte del licitador deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

El recurso se centra en el INFORME TÉCNICO, y en que lo debería emitir el personal funcionario correspondiente de la entidad local. Informe que, como ha señalado, por ejemplo, el Acuerdo 5/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, no es una mera formalidad, de tal manera que la decisión acerca de si una oferta puede o no cumplirse no implica la libertad del órgano de contratación para admitir sin más una oferta incursa en anormalidad, sino que se requiere un informe técnico detallado que, sobre lo alegado por el licitador, que ponga de relieve que esta anormalidad de la oferta no afectará a la ejecución del contrato y que, en ella, tampoco hay prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas de forma expresa por el TRLCSP.

Es decir, en aras a preservar la causa de la contratación, el ente contratante no debe dar por válida cualquier argumentación, y debe concretar los motivos aportados para justificar su viabilidad (Acuerdo 55/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón). Y no era esta la calidad del informe emitido por el director del Instituto Municipal de Deportes.

Por todo ello concluía el recurso que en la licitación para la prestación de los servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, una vez que se había detectado una oferta anormal y desproporcionada, se emitió un informe por el Director-Gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia, apreciándose que:

  • Este cargo es un PERSONAL DIRECTIVO y entre sus funciones no se encuentran las de emitir informes técnicos, sino las labores propias de dirección que señala la legislación en la que se fundamenta el recurso.
  • Es más, al ser un INFORME TÉCNICO establecido con carácter preceptivo en la legislación sectorial de contratación administrativa la cual ESTÁ RESERVADA ESA FUNCIÓN AL PERSONAL FUNCIONARIO.

 

  • Por otro lado, el INFORME EMITIDO por dicho personal directivo, además de ser emitido por órgano incompetente adolece del más mínimo rigor, exhaustividad y objetividad, pues no basa en ningún parámetro objetivo sino en meras afirmaciones no respaldadas por datos y comparaciones serias ni se hace referencia al conjunto de ofertas válidas presentadas.
  • Para tomar su decisión la mesa de contratación se requiere un informe técnico detallado y riguroso que ponga de relieve que esta anormalidad de la oferta no afectará a la ejecución del contrato, algo que como hemos comentado no se ha dado en este caso.

Y finalmente se solicitaba que:

  • Se tenga en consideración lo aquí expuesto.
  • Se proceda a invalidar la decisión tomada por la MESA DE CONTRATACIÓN y el acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de fecha 16 de diciembre de 2016, punto sexto, apartado A. y retrotraer las actuaciones al momento de emitir un informe de valoración sobre la oferta que contiene valores anormales o desproporcionadas por un técnico con competencias en la materia y basado en un informe más riguroso y serio.

Con fecha 12 de enero de 2017 se interpone recurso por D. Abel Izquierdo Méndez contra la citada adjudicación, acordando la Junta de Gobierno Local, con fecha 20 de enero de 20I7, calificar el recurso como recurso especial en materia de contratación y suspendiendo la ejecutividad de la adjudicación acordada en tanto se admita y, en su caso, resuelva dicho recurso.

El 3 de febrero de 2017 tiene entrada en la Comisión Jurídica de Extremadura, el citado recurso remitido por el órgano de contratación. Al recurso se acompaña copia del expediente administrativo de contratación tramitado así como informe en el que alega la inadmisión del recurso por haberse interpuesto por persona no legitimada y fuera del plazo previsto en el artículo 70 del Decreto 3/2076, de 12 de enero…

En la resolución de la Comisión se explica que,

No se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que ostentan, en cuanto ahora importa, los concejales de un Ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto –inclusive puede hablarse de una obligación- de controlar su correcto funcionamiento,

“como único medio, a su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de Ia comunidad vecinal que, como primera competencia, asigna a los Municipios el art. 25.1 de la mencionada Ley reguladora de las bases del régimen local”.

 

No procede, por tanto, dice la Resolución, estimar lo sostenido por el Ayuntamiento de Plasencia sobre la legitimación, en cuanto el recurrente lo es en su condición de concejal aunque no haya votado contra del acuerdo de adjudicación por haberse adoptado por un órgano colegiado, la Junta de Gobierno, del que no forma parte.

Por lo que respecta al acuerdo de adjudicación, en la Resolución se critica al Ayuntamiento por entender iniciado el cómputo el plazo para recurrir, a la fecha de remisión de las notificaciones a los interesados que tuvo lugar el 20 de diciembre, ya que quien está recurriendo es un concejal, que en este caso , debe esperar, como los demás a que en el plazo de diez días se envíe a todos los miembros de la Corporación copia del acta”

En particular, según diligencia del Secretario del Ayuntamiento de Plasencia, y respecto al acta de la sesión celebrada por Ia Junta de Gobierno el 16 de diciembre de 2016 debe apuntarse que dicho acta: – Estuvo a disposición de todos los concejales de la Corporación desde el día 20 de diciembre de 2016. – Se publicó en Ia sede electrónica del Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2016 y se envió, además, copia de la misma, en papel, a todos grupos políticos con ocasión de la comunicación de convocatoria de la siguiente sesión de Junta de Gobierno, comunicación que tuvo lugar el día 22 de diciembre.

Concluye el órgano consultivo que:

Atendiendo a lo anterior, y aun tomando como fecha en la que el concejal recurrente pudo tener conocimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, que ahora recurre, la del día 20 de diciembre de 2016, computándose el plazo a partir del día siguiente a dicha fecha, el recurso interpuesto el día 12 de enero de 2017 estaría dentro del plazo legalmente establecido.

Respecto al quid de la cuestión, si el Director-Gerente del Instituto Municipal de Deportes es competente para emitir informes legales preceptivos, el órgano que emite la resolución dice que es un órgano especializado en materia de contratación administrativa que, consecuentemente, no puede entrar a resolver sobre cuestiones complementarias, como en este caso que las razones invocadas para la impugnación corresponden estrictamente al ámbito laboral y por tanto corresponde examinar a otros órganos e instancias.

Concluyen que, entendiendo que el órgano contratante ha seguido el procedimiento establecido en el TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), solicitando asesoramiento del servicio receptor (El Director Gerente), sin que le corresponda al órgano consultivo resolver sobre competencias para el ejercicio de potestades públicas y si la emisión del informe técnico (sea como fuere y por quien lo hiciere).

El recurrente, Abel Izquierdo, dice el órgano consultivo, no cuestiona que el órgano competente sea el Instituto Municipal de Deportes, sino el hecho de que el emisor del informe sea “competente”.

Respecto a que el recurrente estime que el informe técnico emitido carezca de rigor, exhaustividad y objetividad, al no basarse en ningún parámetro objetivo…y que  para tomar una decisión la mesa de contratación requiera un  informe técnico detallado y riguroso; el órgano consultivo estima que puede darse por bueno que el Director Gerente no añada nada en su informe a lo dicho por la empresa más allá del “considera viable la ejecución del acuerdo con los precios ofertados”.

En el presente caso se aprecia, además, por esta Comisión Jurídica, dentro de un análisis estrictamente jurídico -y en ningún caso técnico, que dicen, les está vetado- que la justificación aportada por la empresa parece contar con argumentos suficientes para permitir, al servicio encargado de emitir el informe técnico y al propio órgano de contratación, entender que la ejecución del contrato es viable. En este sentido, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 152.3 del TRLCSP, se refiere la empresa a las condiciones de su oferta, haciendo especial mención a los costes de personal, que se verían abaratados por bonificaciones y subvenciones, cuantificando estas; igualmente hacen mención a algunas condiciones de la propia empresa que suponen un ahorro en la ejecución de la prestación, cuantificando las mismas. Finalmente, renuncia a una parte de su beneficio industrial. Cabe señalar que, como se manifiesta en la Resolución 457/2016, de 10 de junio, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales “No se trata de justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de proveer de argumentos que permitan al órgano de contratación llegar a la convicción de que se puede llevar a cabo. “

Finalmente la Comisión Jurídica de Extremadura resuelve:

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por, don Abel lzquierdo Méndez en calidad de concejal de “PLASENCIA EN COMÚN” en el Excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia contra la resolución de adjudicación del contrato administrativo de “servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales de la Ciudad de Plasencia”. Segundo.- Declarar que no se aprecia concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción, prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.

CONCLUSIONES:

  • Como se puede leer en la resolución Nº 10/2017 de la Comisión Jurídica de Extremadura, página 8 “ las propuestas de adjudicación no son actos de trámite susceptibles de recurso especial por no crear derechos a favor de la empresa propuesta sino meras expectativas” , se puede entender por lo tanto que no es un recurso especial, que PeC nunca lo planteó de esta forma, si no como mera reclamación contra un acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2016, punto sexto apartado A y que fue la Junta de Gobierno Local en la sesión de 20 de enero de 2017 donde lo declaran como RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN , desconocemos aún el alcance político y las intenciones que supuso este acuerdo.
  • Plasencia en Común se siente legitimado para presentar tantos recursos como estime oportunos. Es más, la obligación de las representantes de PeC en el Ayto. es fiscalizar el trabajo que realiza el Equipo de Gobierno, siendo crítico, independiente y cuestionando su proceder para ir avanzado en el cumplimiento de las normas, de la transparencia y de la participación política. La obligación del Ayto. es proporcionar todos los medios necesarios para esta labor. Por lo tanto, recibimos esta resolución con orgullo porque reconoce el derecho y la obligación que tiene un concejal de la oposición de pedir aclaraciones y recurrir cuando vea que una resolución del Gobierno Municipal no le parece que cumpla la ley. Además se trata de un recurso que se ha hecho con asesoramiento legal de PODEMOS, el apoyo y el consenso del CÍRCULO PODEMOS PLASENCIA, sin el cual no se hubiese podido Le recordamos al Equipo de Gobierno que existe un marco legal y que la mayoría absoluta no les da derecho a mirar por encima del hombro a nadie. Es vergonzoso que pidan sanciones para quien, utilizando el estado de derecho que le ampara, muestre desacuerdo con ellos.
  • Por otro lado, para el PP, que la Comisión Jurídica no entra a juzgar la calidad del informe o si el Director Gerente es competente para emitirlo, ya que a éstos, como órgano consultivo de la contratación de los servicios públicos, les parece que la forma de proceder es similar a otras. Es decir, la Comisión Jurídica no concreta por declararse incompetente sobre la legalidad o no en relación al informe presentado por el Director de IMD (personal de confianza), así mismo reconoce su incapacidad para determinar técnicamente su viabilidad y se centra exclusivamente en términos jurídicos.
  • Es curioso que el PP salga en prensa solicitando que Abel Izquierdo pida perdón por una resolución en la que la Comisión Jurídica de Extremadura dice que Izquierdo cumple con su obligación como concejal y que además no ha actuado malintencionadamente. El perdón lleva implícitamente el arrepentimiento, y por lo que no nos sentimos arrepentidos, de lo único que somos culpables es de querer cumplir con nuestra obligación como oposición.

Nos inquieta más esa prepotencia de la mayoría absoluta, el utilizar las dobles varas de medir para y con lo público, pues por poner algunos ejemplos, no hemos oído a la Concejala de R.R.H.H. entonar el “Mea culpa” por liquidarse ella sola un tercio del Plan de Empleo Social ( 14 puestos de trabajo) , ni tampoco unas disculpas por la gestión de la anterior convocatoria de Mínimos

Vitales donde se perdieron 57.000 €, un 95% del total, ni tampoco al Alcalde por su mala gestión y negociación con las Huertas de la Isla la cual ha oprimido a la hacienda local por años.

En el peor de los casos “por culpa del retraso por el recurso de Pec” el servicio de mantenimiento y limpieza ha estado funcionando exactamente igual a como ha estado funcionando anteriormente durante 5 años, los que lleva el PP sin destinar personal suficiente para estas tareas.

Nos preocupa que un Centro Especial de Empleo pueda licitar estos servicios en una concurrencia meramente económica, y no se tenga en cuenta factores sociales, en materia meramente económica tiene ventaja y tenderá a que los precios en el servicio bajen y desestabilice el mercado. No es cierto que el servicio  tenga  un  coste  de  dinero público de 93.881,56 euros/anual incluido IVA, sino de 117.969,56 euros. Sólo es cierto que el Ayto. pagará 93.881,56€. Dividiéndose de la siguiente manera:

Cuantía a pagar por el Ayto: 93.881,56 €.
Subvención Junta Extremadura 11.520,00 €.
Bonificaciones cuotas Seguridad Social 12.568,00 €.

ecolimpieza

Teniendo en cuenta esto, esta oferta sería la quinta más ventajosa económicamente de nueve empresas presentadas, como se aprecia en la siguiente imagen.

En referencia a los parámetros sociales de los servicios licitados, tan importantes para nuestra organización, sólo hay que leer el pliego de condiciones para darse cuenta que están ausentes.

  • Plasencia en Común está en contra de las privatizaciones, y nos parece una cacicada de la peor calaña que para justificar las privatizaciones de servicios de limpieza se hable de bajas médicas de los trabajadores de limpieza como han hecho recientemente el Alcalde y alguna Concejala, y que para adjudicar un contrato a una empresa se opte por decirle sí a todo, sin realizar la más mínima comprobación “técnica”, más allá de lo que la  empresa cuenta. Con esta praxis el PP transmite la idea de que los trabajadores no son de fiar y de que todas las empresas son de fiar. Y no es esto lo que vemos en los medios de comunicación.
  • Plasencia en Común, va a seguir estando en contra de esta tendencia a precarizar ingresos y condiciones de trabajo de los trabajadores/as y de ser poco estricto con las condiciones a las empresas en los contratos públicos, sin exigir cláusulas sociales, defensa de empleos dignos, la igualdad entre hombres y mujeres. Trabajaremos para que en el futuro lo normal no sea confundir lo técnico con lo directivo y lo directivo con lo técnico.

Abel Izquierdo.

Plasencia 7 de marzo de 2017.

PeC, orgulloso de su recurso por una adjudicación

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