Privatización, empleo especial y precariedad en el contrato de limpieza, conservación y mantenimiento de la Ciudad Deportiva

Es puro cinismo que el gobierno plaentino del PP solicite en prensa que Abel Izquierdo pida perdón por una resolución en la que la Comisión Jurídica de Extremadura afirma que el concejal de Plasencia en Común cumple con su obligación al cuestionar actos administrativos que considere no se ajusten a derecho y que además no ha actuado de mala fe, como se denunciaba desde el Ayuntamiento placentino.

COMUNICADO DE PLASENCIA EN COMÚN

Con fecha 2 de marzo se ha conocido la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura pronunciándose sobre el recurso interpuesto por Abel Izquierdo Méndez, concejal de Plasencia en Común, para que se procediese a invalidar la decisión tomada por la MESA DE CONTRATACIÓN y el acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de fecha 16 de diciembre de 2016, punto sexto, apartado A. y retrotraer las actuaciones al momento de emitir un informe de valoración sobre la oferta que contiene valores anormales o desproporcionadas por un técnico con competencias en la materia y basado en un informe más riguroso y serio.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS:

Servicios de limpieza, mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas (Pliego de condiciones técnicas)

Pliego de cláusulas administrativas particulares

3 de noviembre de 2016: (Mesa de contratación) Se celebra reunión para contrato administrativo para la prestación de servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Ciudad Deportiva. De las nueve empresas que concurren, la oferta más ventajosa la hace Eco Limpieza Facility Service, S.L.; a favor de la cual se formula propuesta de adjudicación salvo que se compruebe que incursa en temeridad. Para ello se habilitan 10 días hábiles para que la empresa justifique que su oferta no es temeraria.

24 de noviembre de 2016: (Mesa de contratación). Se indica que se había remitido la documentación de la justificación de la empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICE, S.L. incursa en temeridad, al Director del Instituto Municipal de Deporte, y que el día 22 de mismo mes se recibía del Director de IMD un informe donde se indicaba que “considera viable la ejecución del contrato de acuerdo con los precios ofertados”

16 de diciembre de 2016: (Aprobación en Junta de Gobierno punto 6a) del Contrato administrativo para la prestación de los servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales… a la empresa Ecolimpieza Facility Service, por un importe anual de 93.881,56 €/año IVA incluido.

12 de enero de 2017: (Recurso presentado por Abel Izquierdo), donde se remarca que según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se afirma, en el artículo 152, sobre “Ofertas con valores anormales o desproporcionados” que en el procedimiento de valoración de  la justificación de la oferta y las condiciones de la misma por parte del licitador deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente

El recurso se centra en el INFORME TÉCNICO, y en que lo debería emitir el personal funcionario correspondiente de la entidad local. Informe que, como ha señalado, por ejemplo, el Acuerdo 5/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, no es una mera formalidad, de tal manera que la decisión acerca de si una oferta puede o no cumplirse no implica la libertad del órgano de contratación para admitir sin más una oferta incursa en anormalidad, sino que se requiere un informe técnico detallado que, sobre lo alegado por el licitador, que ponga de relieve que esta anormalidad de la oferta no afectará a la ejecución del contrato y que, en ella,  tampoco hay prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas de forma expresa por el TRLCSP.

Es decir, en aras a preservar la causa de la contratación, el ente contratante no debe dar por válida cualquier argumentación, y debe concretar los motivos aportados para justificar su viabilidad (Acuerdo 55/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón). Y no era esta la calidad del informe emitido por el director del Instituto Municipal de Deportes.

Por todo ello concluía el recurso que en la licitación para la prestación de los servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de las instalaciones de  la  Ciudad Deportiva, una vez que se había detectado una oferta anormal y desproporcionada, se emitió un informe por el Director-Gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia, apreciándose que:

  • Este cargo es un PERSONAL DIRECTIVO y entre sus funciones no se encuentran las de emitir informes técnicos, sino las labores propias de dirección que  señala la legislación en la que se fundamenta el recurso.
  • Es más, al ser un INFORME TÉCNICO establecido con carácter preceptivo en la legislación sectorial de contratación administrativa la cual ESTÁ RESERVADA ESA FUNCIÓN AL PERSONAL
  • Por otro lado, el INFORME EMITIDO por dicho personal directivo, además de ser emitido por órgano incompetente adolece del más mínimo rigor, exhaustividad y objetividad, pues no basa en ningún parámetro objetivo sino en meras afirmaciones no respaldadas por datos y comparaciones serias ni se hace referencia al conjunto de ofertas válidas presentadas.
  • Para tomar su decisión la mesa de contratación se requiere un informe técnico detallado y riguroso que ponga de relieve que esta anormalidad de la oferta no afectará a la ejecución del contrato, algo que como hemos  comentado no se ha dado en este caso.

Y finalmente se solicitaba que:

  • Se tenga en consideración lo aquí expuesto.
  • Se proceda a invalidar la decisión tomada por la MESA DE CONTRATACIÓN y el acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de fecha 16 de diciembre de 2016, punto sexto, apartado A. y retrotraer las actuaciones al momento de emitir un informe de valoración sobre la oferta que contiene valores anormales o desproporcionadas por un técnico con competencias en la materia y basado en un informe más riguroso y serio.
  • Se proceda a invalidar la decisión tomada por la MESA DE CONTRATACIÓN y el acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de fecha 16 de diciembre de 2016, punto sexto, apartado A. y retrotraer las actuaciones al momento de emitir un informe de valoración sobre la oferta que contiene valores anormales o desproporcionadas por un técnico con competencias en la materia y basado en un informe más riguroso y serio.

Resolución 2/2017 de 2 de marzo de la Comisión Jurídica de Extremadura:

Con fecha 12 de enero de 2017 se interpone recurso por D. Abel Izquierdo Méndez contra la citada adjudicación, acordando la Junta de Gobierno Local, con fecha 20 de enero de 2017, calificar el recurso como recurso especial en materia de contratación y suspendiendo la ejecutividad de la adjudicación acordada en tanto se admita y, en su caso, resuelva dicho recurso.

El 3 de febrero de 2017 tiene entrada en la Comisión Jurídica de Extremadura, el citado recurso remitido por el órgano de contratación. Al recurso se acompaña copia del expediente administrativo de contratación tramitado así como informe en el que alega la inadmisión del recurso por haberse interpuesto por persona no legitimada y fuera del plazo previsto en el artículo 70 del Decreto 3/2076, de 12 de enero…

En la resolución de la Comisión se explica que,

“No se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que ostentan, en cuanto ahora importa, los concejales de un Ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto –inclusive puede hablarse de una obligación- de controlar su correcto funcionamiento”,

“como único medio, a su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de Ia comunidad vecinal que, como primera competencia, asigna a los Municipios el art. 25.1 de la mencionada Ley reguladora de las bases del régimen  local”.

No procede, por tanto, dice la Resolución,  estimar lo sostenido por el Ayuntamiento  de  Plasencia sobre  la legitimación, en  cuanto el recurrente  lo  es en su condición  de concejal aunque no haya votado contra del acuerdo de adjudicación por haberse adoptado por un órgano colegiado, la Junta de Gobierno, del que no forma parte.

Por lo que respecta al acuerdo de adjudicación, en la Resolución se critica al Ayuntamiento por entender iniciado el cómputo el plazo para recurrir, a la fecha de remisión de las notificaciones a los interesados que tuvo lugar el 20 de diciembre, ya que quien está recurriendo es un concejal, que en este caso , debe esperar, como los demás a que en el plazo de diez días se envíe a todos los miembros de la Corporación copia del acta”

En particular, según diligencia del Secretario del Ayuntamiento de Plasencia, y respecto al acta de la sesión celebrada por Ia Junta de Gobierno el 16 de diciembre de 2016 debe apuntarse que dicho acta: – Estuvo a disposición de todos los concejales de la Corporación desde el día 20 de diciembre de 2016. – Se publicó en Ia sede electrónica  del Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2016 y se envió, además, copia de la misma, en papel, a todos grupos políticos con ocasión de la comunicación de convocatoria de la siguiente sesión de Junta de Gobierno, comunicación que tuvo lugar el día 22 de diciembre.

Prosigue el órgano consultivo que:

Atendiendo a lo anterior, y aun tomando como fecha en la que el concejal recurrente pudo tener conocimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, que ahora recurre, la del día 20 de diciembre de 2016, computándose el plazo a partir del día siguiente a dicha fecha, el recurso interpuesto el día 12 de enero de 2017 estaría dentro del plazo legalmente establecido.

Respecto al quid de la cuestión, si el Director-Gerente del Instituto Municipal de Deportes es competente para emitir informes legales preceptivos, el órgano que emite la resolución dice que ellos son un órgano especializado en materia de contratación administrativa que, consecuentemente, no puede entrar a resolver sobre cuestiones complementarias, como en este caso que las razones invocadas para la impugnación corresponden estrictamente al ámbito laboral y por tanto corresponde examinar a otros órganos e instancias.

Concluye la Comisión Jurídica que, entendiendo que el órgano contratante ha seguido el procedimiento establecido en el TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), solicitando asesoramiento del  servicio  receptor  (El  Director  Gerente), sin que le corresponda al órgano consultivo resolver sobre competencias para el ejercicio de potestades públicas y si la emisión del informe técnico (sea como fuere y por quien lo hiciere).

El recurrente, Abel Izquierdo, dice el órgano consultivo, no cuestiona que el órgano competente sea el Instituto Municipal de Deportes, sino el hecho de que el emisor del informe sea “competente”

Respecto a que el recurrente estime que el informe técnico emitido carezca de rigor, exhaustividad y objetividad, al no basarse en ningún parámetro objetivo…y que para tomar una decisión la mesa de contratación requiera un informe técnico detallado y riguroso; el órgano consultivo estima que puede darse por bueno que el Director Gerente no añada nada en su informe a lo dicho por la empresa más allá del  “considera viable la ejecución del acuerdo con los precios ofertados”.

En el presente caso se aprecia, además, por esta Comisión Jurídica, dentro de un análisis estrictamente jurídico -y en ningún caso técnico, que dicen, les está vetado- que la justificación aportada por la empresa parece contar con argumentos suficientes para permitir, al servicio encargado de emitir el informe técnico y al propio órgano de contratación, entender que la ejecución del contrato es viable. En este sentido, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 152.3 del TRLCSP, se refiere la empresa a las condiciones de su oferta, haciendo especial mención a los costes de personal, que se verían abaratados por bonificaciones y subvenciones, cuantificando estas; igualmente hacen mención a algunas condiciones de la propia empresa que suponen un ahorro en la ejecución de la prestación, cuantificando las mismas. Finalmente, renuncia a una parte de su beneficio industrial. Cabe señalar que, como se manifiesta en la Resolución 457/2016, de 10 de junio, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales “No se trata de justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de proveer de argumentos que permitan al órgano de contratación llegar a la convicción de que se puede llevar a cabo. “

Finalmente la Comisión Jurídica de Extremadura resuelve:

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por, don Abel lzquierdo Méndez en calidad de concejal de “PLASENCIA EN COMUN” en el Excelentísimo Ayuntamiento de  Plasencia contra la resolución de adjudicación del contrato administrativo de “servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales de la Ciudad de Plasencia”. Segundo.- Declarar que no se aprecia concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción, prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.

CONCLUSIONES:

  • Como se puede leer en la resolución Nº 10/2017de la Comisión Jurídica de Extremadura, página 8 “ las propuestas de adjudicación no son actos de trámite susceptibles de recurso especial por no crear derechos a favor de la empresa propuesta sino meras expectativas” , se puede entender por lo tanto que no es un recurso especial, que PeC nunca lo planteó de esta forma, si no como mera reclamación contra un acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2016, punto sexto apartado A y que fue la Junta de Gobierno Local en la sesión de 20 de enero de 2017 donde lo declaran como RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN , desconocemos aún el alcance político y las intenciones que supuso este
  • Plasencia en Común se siente legitimado para presentar tantos recursos como estime oportunos. Es más, la obligación de las representantes de PeC en el es fiscalizar el trabajo que realiza el Equipo de Gobierno, siendo crítico, independiente y cuestionando su proceder para ir avanzado  en  el cumplimiento de las normas, de la transparencia y de la participación política.

La obligación del Ayto. es proporcionar todos los medios necesarios para esta labor. Por lo tanto, recibimos esta resolución con orgullo porque reconoce el derecho y la obligación que tiene un concejal de la oposición de pedir aclaraciones y recurrir cuando aprecie que una resolución del Gobierno Municipal no cumple la ley.

Además se trata de un recurso que se ha hecho con asesoramiento legal de PODEMOS, el apoyo y el consenso del CÍRCULO LOCAL, sin el cual no se hubiese podido hacer. Le recordamos al Equipo de Gobierno que existe un marco legal y que la mayoría absoluta no les da  derecho a mirar por encima del hombro a nadie. Es vergonzoso que pidan sanciones para quien, utilizando el estado de derecho que le ampara, muestre desacuerdo con ellos.

  • La resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura no concreta en ningún momento, por declararse incompetente, la legalidad o no de que sea el director del instituto municipal de deportes quien informe sobre la baja temeraria presentada por la empresa licitadora. En su informe señala en este sentido que “no nos corresponde examinar como órgano especializado en materia de contratación administrativa.”
  • La Comisión Jurídica reconoce su incapacidad para determinar si la valoración técnica es suficiente ya que su resolución se atañe exclusivamente a términos jurídicos, ya que, según su informe señala “dentro de un análisis estrictamente jurídico -y en ningún caso técnico, que nos está vetado-“

Es curioso que el PP salga en prensa solicitando que Abel Izquierdo pida perdón por una resolución en la que la Comisión Jurídica de Extremadura dice que Izquierdo cumple con su obligación como concejal al cuestionar actos administrativos que considere no se ajusten a derecho y que además no ha actuado de mala fe, como se denunciaba desde el Ayuntamiento placentino.

Nos inquieta del gobierno local placentino esas dobles varas de medir para los servicios públicos y los servicios privatizados, pues no hemos oído a la Concejala de R.R.H.H. entonar el “Mea culpa” por liquidarse ella sola un tercio del Plan de Empleo Social ( 14 puestos de trabajo) , ni tampoco unas disculpas por la gestión de la anterior convocatoria de Mínimos Vitales donde se perdieron 57.000 €, un 95% del  total, ni por justificar la privatización de la limpieza de que los colegios porque las trabajadoras “se cogen la baja”. En el peor de los casos “por culpa del retraso por el recurso de Pec” el servicio de mantenimiento y limpieza ha estado funcionando exactamente igual a como ha estado funcionando anteriormente durante 5 años, los que lleva el PP sin destinar personal suficiente para estas tareas.

Nos preocupa que un Centro Especial de Empleo pueda licitar estos servicios en una concurrencia meramente económica, y no se hayan empleado otras fórmulas como las del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de julio de 2014, por el que se aprueban las directrices de política general dirigidas a los órganos de contratación de la Admón. de la C.A. de Extremadura sobre contratos reservados e incorporación de cláusulas sociales en la Contratación Pública  (DOE 05/08/2014):

Primero. Los órganos de contratación de la Junta de Extremadura reservarán la participación en procedimientos de contratación a Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro y Centros de Inserción Socio Laboral en los términos previstos en la legislación básica del Estado…

Cuarto. La reserva a que se refiere el presente acuerdo habrá de realizarse necesariamente en procedimientos negociados sin publicidad y contratos menores, en los casos en que procedan, de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre contratación pública. En ningún caso la reserva de contratos podrá suponer una restricción o una limitación a la competencia contraria al derecho comunitario.

Está creciendo el campo de la legislación sobre cláusulas sociales y las comunidades autónomas están poniendo en marcha una serie de iniciativas. La actual legislación de contratos ha reconocido de manera expresa e inequívoca la posibilidad de utilizar la contratación pública para la consecución de objetivos sociales. Baste citar la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública; el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; o la reciente Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. Esta Ley modifica la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que trata sobre los contratos reservados, permitiendo a cualquier Administración Pública “reservar la participación” en la licitación exclusivamente a Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción y programas de empleo protegido. Es decir, que solamente pueden presentarse y ser admitidas dichas tipologías de empresas, reconociendo así sus especiales características, su carácter reglado y su beneficio social demostrado e incontestable. La Ley 31/2015 va más allá y obliga a las administraciones públicas a fijar porcentajes mínimos de reserva.

Guía de contratación pública socialmente responsable

Guía para la aplicación de contratos reservados para empresas de inserción

Foro de la contratación socialmente responsable

Informe 16/2011, de 8 de junio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Cuestiones derivadas de la participación de los Centros Especiales de Empleo en los contratos reservados.

Si no se explicitan este tipo de condiciones de reserva y situaciones sociales especiales en la convocatoria, se provoca la indefensión de las empresas concurrentes. Por otro lado, si nos ceñimos a lo meramente económico, en la forma en que el ayuntamiento ha actuado se provocan dos cosas, una que se mezclan subvenciones y bonificaciones públicas de una parte rompiendo la libre competencia y, dos,  que los precios en el servicio bajen y se desestabilice el mercado, precarizándose los empleos todavía más.

Así, no es cierto que el servicio ofertado por Ecolimpieza tenga un coste de dinero público de 93.881,56 euros/anual incluido IVA, sino de 117.969,56 euros. Sólo es cierto que el Ayto. pagará 93.881,56€. Dividiéndose de la siguiente manera:

Cuantía a pagar por el Ayto: 93.881,56 €.
Subvención Junta Extremadura 11.520,00 €.
Bonificaciones cuotas Seguridad Social 12.568,00 €.

Teniendo en cuenta esto, esta oferta sería la quinta más ventajosa económicamente de nueve empresas presentadas, como se aprecia en la siguiente imagen.

ecolimpieza

Plasencia en Común está a favor de la gestión pública de servicios municipales  y a favor del empleo social y de las cláusulas sociales pues es la mejor forma de lograr la calidad de vida para la mayor cantidad de ciudadanos.

Sería aconsejable, por tanto, que un informe técnico aclarase todo este tipo de cuestiones, también en beneficio de la propia empresa Ecolimpieza, pues seguramente obtendría unas condiciones mejores para sus trabajadores.

Estamos en contra de que para justificar las privatizaciones de servicios  de limpieza se insinúe que los trabajadores no son de fiar “cogiéndose bajas” y que cuando hay que adjudicar un contrato incurso en temeridad se actúe como que lo dice la empresa no es para comprobar y, peor aún, que no lo sea la propia gestión de la Junta de Gobierno pidiendo sanciones para el que solicita rigor.

Plasencia en Común, va a seguir estando en contra de esta tendencia a precarizar ingresos y condiciones de trabajo de los trabajadores/as y de ser poco estricto con las condiciones a las empresas en los contratos públicos, sin exigir cláusulas sociales, defensa de empleos dignos, la igualdad entre hombres y mujeres. Trabajaremos para que en el futuro lo normal no sea confundir lo técnico con lo directivo y lo directivo con lo técnico.

Plasencia 7 de marzo de 2017.

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