La Junta y el ayuntamiento de Plasencia privatizan la oficina de atención a consumidores y usuarios cuando más falta hace

Las denuncias por abusos empresariales colapsan los juzgados frente al creciente poder de las empresas.

España es un ejemplo: según un estudio sobre la vulnerabilidad del consumidor de la UE elaborado por la Comisión, los españoles están entre los europeos peor parados. Más de la mitad son incapaces de comparar productos en el sector energético, el 32% se siente indefenso frente a los abusos, el 55% encuentran “serias dificultades” para valorar diferencias entre productos financieros. La huella de un analfabeto estampada en un contrato de venta de participaciones preferentes a modo de firma —algo que ocurrió en 2007 en Galicia— quizá sea el ejemplo más desgarrador de una época de prácticas de comercialización vergonzosas que ahora dirimen los juzgados y que, según la CNMV, todavía continúan.

Al otro lado de la barrera están los consumidores representados en asociaciones, organizados en plataformas de afectados, como activos usuarios de redes sociales o agrupados en demandas ante la justicia. Siempre juegan con la peor mano la partida de póquer contra las empresas. “Pasamos de reglamentar todo en los años ochenta a encontrarnos con verdaderas estafas”, reflexiona Ana Ceballo, de la Asociación General de Consumidores (Asgeco). “Los grandes tienen sus propios lobbys, se escapan como se han escapado siempre…, por eso creemos que es mejor prevenir, que cada uno sea responsable con su consumo”. Antes pesaban más las reclamaciones sobre transportes; ahora son los servicios financieros los que están en lo alto del podio de las quejas, seguidos por la telefonía, la publicidad engañosa y las compañías aseguradoras.

Como dice Rubén Sánchez, “el fraude es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma”. Pone como ejemplo una demanda que Facua tardó cuatro años en ganar: la del redondeo al alza que hacían las compañías telefónicas al cobrar el primer minuto independientemente del tiempo consumido. “¿Qué hicieron luego las operadoras? Subieron las tarifas de forma unilateral e ingresaron más que antes. Lo mismo pasará con la banca: si no pueden aplicar cláusulas suelo, montarán una fórmula para ganar márgenes”. Al final es un juego de suma cero. “Pero tenemos que seguir peleando, esto es tan antiguo como la lucha de clases”.

Se supone que todas las personas tenemos que ser suficientemente inteligentes, ¿un poco más que la infanta Cristina, pero un poco menos que Isabel Pantoja? ¿Quién defiende a un montón de personas más ingenuas y/o vulnerables por razones diferentes? El artículo 51 de la Constitución Española de 1978 dice que:

    1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

    2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

    3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Para dar cumplimiento al mandato constitucional se aprobó la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que estableció el régimen general de actuación en el ámbito estatal en esta materia, hasta su derogación por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que incorpora buena parte de la normativa comunitaria en materia de defensa del consumidor a nuestro ordenamiento jurídico y que establece el marco básico en esta materia.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de su Estatuto de Autonomía, aprobado por ley Orgánica 1/1983,..es titular, ..de una competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de defensa del consumidor y usuario…

La Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura,  pretende colmar aquellas lagunas que la Ley estatal contiene especialmente en el ámbito de la actuación administrativa. Igualmente, una norma de rango legal resulta el instrumento jurídico adecuado para plasmar determinadas previsiones, como son potenciar la actuación de los órganos de inspección y control, adecuación de la potestad sancionadora a la materia de protección de los consumidores y la coordinación de competencias entre los distintos órganos de las Administraciones Públicas a fin de garantizar un nivel de protección homogéneo en el ámbito regional, todo ello influido por las prescripciones contenidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Entre estas normas jurídicas se encuentra el Estatuto de los Consumidores de Extremadura, donde se ha procurado que las competencias que deben ejercer los distintos órganos de las Administraciones Públicas encajen adecuadamente dentro del mercado sin fronteras de la Unión Europea, garantizando los derechos básicos protegidos por esta Ley.

Dicho propósito comporta la necesidad de sistematizar las medidas de protección que resulte posible adoptar para expulsar, en caso necesario, del mercado aquellos productos, bienes o servicios insalubres, inseguros o perjudiciales para los intereses económicos y sociales de los consumidores.

Destacan aspectos novedosos con respecto a la normativa estatal, tales como la protección prioritaria de determinados colectivos, ya que es necesario establecer mecanismos que permitan que todos los ciudadanos accedan a la información, educación y formación en materia de consumo; el fomento de la acción inspectora y su apertura hacia modalidades de actuación de carácter preventivo, investigación y asesoramiento.

En los demás órdenes, se apoyan decididamente las fórmulas coparticipativas, recabándose la colaboración de todo el tejido social y sin desdeñar las que puedan ofrecer las organizaciones empresariales, impulsando el movimiento asociativo.

Se ha potenciado el Consejo Extremeño de Consumidores como órgano de participación, representación y consulta; y se han previsto mecanismos de resolución voluntaria de reclamaciones de los consumidores, a través de la mediación y del sistema arbitral de consumo.

Articulado del Estatuto de los Consumidores de Extremadura:

Artículo 5 Colectivos de especial protección

Los colectivos de consumidores que se encuentren en una posición de inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección más acusada, serán objeto de actuaciones específicas en el marco de lo dispuesto en la presente Ley, en especial:

  • a) Los menores de edad.
  • b) Las mujeres gestantes.
  • c) Las personas mayores.
  • d) Los enfermos y las personas con capacidades disminuidas.
  • e) Los inmigrantes.
  • f) Los sectores económicos y sociales más débiles.

Artículo 13 Oficinas de información al consumidor

1. Con el fin de facilitar a los consumidores la información y el asesoramiento precisos para el adecuado ejercicio de los derechos que esta Ley les reconoce y, en general, atender a la defensa y protección de sus legítimos intereses, la Junta de Extremadura fomentará la creación de oficinas y servicios de información al consumidor, ya sean de titularidad pública, ya dependan de una asociación de consumidores.

2. La Junta de Extremadura propiciará la creación de oficinas de información al consumidor por las Corporaciones Locales, atendiendo a criterios de eficacia y de mayor proximidad a los consumidores, facilitando su implantación, especialmente, en los núcleos urbanos con una población superior a 5.000 habitantes de derecho o en aquellos municipios que, sin alcanzar tal cifra, tengan un alto grado de población flotante.

3. Cuando se trate de municipios con población inferior a la mencionada en el párrafo anterior, se potenciará la existencia de oficinas de información al consumidor a través de mancomunidades de municipios…

Sí, parece que no se obliga,  (propiciará indica una voluntad política no obligatoria) pero es precisamente cuando uno es libre cuando muestra su verdadera ideología y puede apreciarse que:

Los partidos que detentan el poder en España y especificamente el partido que gobierna Plasencia, prefiere subvencionar o incluir como primera necesidad, con cargo a los fondos públicos la religión católica o los toros o el fútbol antes que la defensa de los consumidores.

Desde hace un tiempo, las personas que acuden a la OMIC con la intención de presentar reclamaciones reciben únicamente un impreso en el que se les pide que hagan constar los detalles del caso, y que luego se envía a la administración autonómica. En la oficina, situada en la planta baja del ayuntamiento, sigue habiendo una trabajadora, pero según confirma el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, esa persona ha sido reasignada al nuevo departamento de inspección de servicios municipales y salud pública.

“La ley ya no obliga a los ayuntamientos a contar con un punto de atención al consumidor, de modo que los municipios han ido abandonando poco a poco un servicio que le generaba un gasto extra y que ya no es de su competencia. Cuando cambió la normativa la Junta de Extremadura creó el Consorcio de Información al Consumidor, dependiente del Incoex, que ha ido abriendo oficinas mediante convenios con las mancomunidades, pero lo ha hecho sobre todo en pueblos pequeños que no tenían OMIC, según apunta la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales”.

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, creada mediante la firma de un Convenio de Colaboración entre la antigua Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura y las Mancomunidades de Municipios. Con la puesta en funcionamiento del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor en el año 2006, arranca una nueva apuesta por parte del Instituto de Consumo de Extremadura y las Mancomunidades de Municipios por acercar a la población extremeña los servicios y recursos que la administración presta en materia de consumo. Desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor apostamos por una intervención dirigida a facilitar el acceso a todos los sectores de la población extremeña a los recursos que las administraciones desarrollan en materia de consumo, así como fomentar un consumo responsable a través de las líneas principales: Formación, Información y Atención Directa al Consumidor.

Tríptico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor

Oficina OMIC Mérida

OMIC de Badajoz

Oficina OMIC Talavera- Para tomar nota de cómo puede darse un servicio con voluntad política

Oficina OMIC Salamanca (También para tomar nota)

Portal OMIC del Ayuntamiento de Madrid

OMIC Almendralejo

Oficinas municipales de Información al consumidor

¿Pero qué ocurre en los lugares donce no hay una OMIC o un centro Mancomunado de consumo ?

La Junta recuerda que cualquier ciudadano placentino que necesite poner alguna reclamación como consumidor puede hacerlo en la ventanilla única de la administración, pues así llegará a Consumo y será atendida por los técnicos. Sin embargo, no dispone de un lugar adonde acudir en busca de asesoramiento por parte de la administración, como sí se podía hacer en la OMIC. La Junta “pasa” de realizar las funciones que le competen desde el artículo 51 de la Constitución Española, ni prevención en las escuelas, ni asesoramiento personal sobre denuncias: “te buscas la vida, te informas por amigos, voluntarios, por internet y te recibimos la reclamación”. ¿Se supone que los técnicos de registro único u otras personas tendrán que asesorar sobre qué y cómo quejarse?, y ¿quién promoverá el consumo responsable y formará sobre derechos y deberes de los consumidores en colegios e institutos? ¿Con los políticos al frente de la Junta y del Ayuntamiento tenemos posibilidades de aproximaremos, siquiera, a algunos de los objetivos del COP21 de la Cumbre del Clima?

Se nos hurtan a los ciudadanos derechos, en este caso del artículo 51 de la Constitución, que como otros, no se cumplen y es un engaño que sufrimos los ciudadanos que votamos una Constitución donde el primer valor no fuera el lucro personal, sino la equidad, la igualdad y el respeto a la salud del medio en que vivimos. España hace tiempo que ha dejado de ser un estado social y democrático de derecho, y se ha convertido en un estado neoliberal de derecho que privilegia los intereses de los poderes económicos del mercado.

En Plasencia, el concejal Pérez Escanilla señala que, pese a que el Ayuntamiento no tiene ya ninguna responsabilidad en materia de consumo, ha cedido uno de sus locales de la calle del Rey para que abra en él una oficina la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE). El local, situado junto al retén de la Policía Local, ya ha sido acondicionado, si bien la UCE no lo ocupará hasta que no firme un convenio con el Ayuntamiento, que espera que, en la práctica, se convierta en el lugar de referencia en Plasencia para la atención de los consumidores.

Directorio de Asociaciones de Consumidores

No obstante, este no será un servicio público. El presidente de la UCE, Javier Rubio, recuerda que se trata de una organización «completamente privada», con todas las atribuciones que la ley otorga a las asociaciones de consumidores. Cualquier persona que se acerque en busca de asesoramiento lo recibirá de manera gratuita, pero para poder acceder a otros servicios, como la tramitación de reclamaciones, será necesario ser socio, lo cual además dará derecho a servicios como descuentos en caso de recurrir a la vía judicial o la elaboración gratuita de la declaración de la renta.

Asociarse a la UCE en la modalidad de Garantía Total tiene un coste de sólo 40,00 euros al año, e incluye los servicios de la garantía básica:

  • Recepción del boletín informativo semanal vía correo electrónico.
  • Recepción de las notas de prensa y comunicados que enviemos a los medios de comunicación.
  • Participación en estudios y encuestas que realicemos.
  • Servicio de atención de consultas.

Y, además, una gran cantidad de servicios adicionales que le ayudarán a vivir mejor:

  • Extensión de la Garantía Total a quienes convivan con el socio.
  • Servicio de asesoría jurídica de consultas y reclamaciones.
  • Servicio de mediación ante empresas y organismos públicos, realizados por nuestro personal profesional y personalizado.
  • Tramitación de reclamaciones ante la Junta Arbitral de Consumo, los Servicios de Inspección de Consumo, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España y, en general, ante organismos de defensa de los consumidores.
  • Defensa Jurídica del socio, con un 30% de descuento en la minuta de abogado y procurador.
  • Elaboración sin coste adicional de la Declaración de la Renta.
  • Gestión de contratos de arrendamiento.
  • Recepción en formato papel de nuestra revista Consumidorex.

Si quiere asociarse a UCE con la Garantía Total, envíenos un correo electrónico con su nombre, DNI, dirección, teléfono y e-mail a sociostotal@ucex.org

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No se trata de desmerecer el valor que pueda tener este servicio y las personas que lo llevan, pero sí podemos constatar, que al tiempo que se precariza el empleo, tanto por ausencia como por disminución de los salarios, al tiempo que suben los costes de luz, agua, gasolina, se nos va despojando de derechos que constituían nuestro contrato social de 1978, por muy poco que parezcan 40 euros mensuales para este se servicio, se trataría de un gasto más que se suma a un monton de cargas familiares que ponen en números rojos muchas economías domésticas.

Es cómo si para ir a juicio, te digan en el Colegio de Abogados, yo te asesoro  (más con panfletos y publicaciones que personalmente) pero si quieres que te defienda me tienes que pagar cada mes. Hacerte socio de esta forma “instaura” una nueva relación empresa-consumidor, y dependiendo de la creatividad de la asociación puede ser que te regalen algo al afiliarte, o que darte de baja te resulte complicado, y, eso seguro, que te inunden el buzón con kilos de papel sobre derechos de consumidores; sí, se genera empleo, se mueve dinero, pero pagar todos los meses unos cuantos euros para que te asesoren alguna vez en la vida, no está al alcance de muchas familias .

Por ejemplo :

La OCU, la principal asociación del país, tiene 319.839 socios y un presupuesto de 32,3 millones de euros. El año pasado atendió 285.189 consultas. En sus oficinas de Madrid, su única sede, hay una planta reservada para un ejército de teleoperadores y abogados (más de cien letrados) que filtran y tramitan las llamadas. Su modelo es peculiar en España: se autofinancian con las cuotas, no piden ni reciben ayudas (excepto en programas europeos y que no excedan del 0,9% de su presupuesto total) y no se declaran “hermanitas de la caridad”, en palabras de Enrique García, uno de sus portavoces. “Somos una asociación sin ánimo de lucro, lo que no significa que no podamos tener beneficios, sino que los reinvertimos en la propia asociación. Porque, si perdiésemos dinero, no tendríamos viabilidad”.

¿Qué les parece esta forma de captar socios?

¿Cuánto cuesta?

Las cuotas varian según la suscripción elegida. Los precios oficiales en 2017 son.

 Revista Mensual Trimestral 
OCU-Compra Maestra  7,74  23,23
Dinero y Derechos  5,38  16,13
OCU-CM + DyD  11,6  34,8
OCU-Salud  3,55  10,65
OCU-CM + DyD + OS  15,15  45,45
OCU-Fincas y Casas  6,48  19,44

Este modelo, que comparten con otras asociaciones europeas integradas en Euroconsumers, —un grupo con un millón de socios y presencia en Bélgica, Italia y Portugal—, no es común en España y pivota sobre la actividad de la asociación y sobre la empresa mercantil editora de sus revistas. “Pertenecer a este grupo nos permite economías de escala y ahorros cuando hacemos test o estudios comparativos”, defienden en la OCU. También recalcan que su vocación está en atender a sus afiliados, y eso excluye a los que no pagan.

Un planteamiento que no todo el mundo comparte. “Cada uno debe tener claro por qué abre la verja cada mañana. Nosotros lo hacemos porque tenemos que defender a casi 50 millones de consumidores”, contrapone Fernando Móner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). “Es una obligación: tenemos que llegar donde no llega la Administración. Hay personas que son víctimas de un problema y que no pueden pagar una cuota…, parados, viudas con rentas bajas. Los tenemos que atender”.

Muchos afiliados no pagan y no existen datos homogéneos de socios-consumidores en España. Incluso se cuestionan desde las propias asociaciones. Rubén López, portavoz de Facua, señala que la Administración no ejerce ningún control: “Si te quieres inventar el número de socios o el número de consultas, al Gobierno le da igual, porque no lo van a auditar”. Quizá por eso tampoco se encuentra, con raras excepciones, información de liquidaciones presupuestarias de las asociaciones, y el Ministerio de Sanidad, que las tutela, no las facilita amparándose en la Ley de Protección de Datos.

En cualquier caso, la CECU, como otras entidades consultadas, defiende la compatibilidad de su independencia con el ingreso de subvenciones. “No nos sentimos para nada limitados. Ni una empresa ni un partido pueden manejarnos. Podemos contactar con cualquier político, hemos intervenido en cuatro o cinco ocasiones en comisiones parlamentarias. ¿Que tienen que escucharnos más? Por supuesto. Los políticos del siglo XXI se acercan a nosotros, pero deberíamos dar muchos más pasos. Al fin y al cabo, nunca en ningún momento de la historia habíamos tenido la oferta de productos que tenemos ahora”

Politización

Facua es otra de las grandes. Con 55.805 socios de pago y 126.523 que no abonan cuota, su presupuesto roza los 700.000 euros. Sánchez, su portavoz —muy activo en redes sociales—, cree que no pueden ser “apolíticos”, como intentan otras organizaciones con el argumento de que, de lo contrario, perderían autonomía frente al socio. “¡Ni siquiera las empresas son apolíticas! En todo caso serían neoliberales, porque defienden una serie de principios de libre mercado. Nosotros tenemos particular interés en definirnos como una organización política, ojo, que no partidista. Compartimos más el ideario del PSOE, Podemos e IU que el del PP porque somos una organización de corte progresista”.

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Tendrás derecho a:

• Recibir nuestra publicación electrónica diaria Consumidores en Acción. De lunes a viernes, estarás informado sobre la actualidad del mundo del Consumo, las acciones de FACUA para defender los derechos de los consumidores, los fraudes que se producen en el mercado…

• Nuestro boletín semanal FACUA informa. En tu correo electrónico, cada domingo. Con él conocerás las alertas, denuncias, estudios de mercado y reivindicaciones planteadas por FACUA. Podrás elegir qué publicación quieres recibir o si lo prefieres, las dos.

• Participar y dar tu opinión en estudios de mercado y encuestas, para poder detectar y actuar ante los problemas que sufrimos los consumidores.

• Acceder a tu zona privada en la web FACUA.org, desde la que podrás elegir qué boletines y alertas quieres recibir en tu correo y tu móvil y participar en nuestras campañas.

Debes tener en cuenta que solo los socios de pleno derecho, que abonan cuota, se beneficiarán del servicio de asesoramiento técnico y jurídico de sus consultas y reclamaciones.

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Además de todo lo anterior podrás disfrutar de:

• El asesoramiento jurídico de un equipo de expertos para resolver las dudas que tengas sobre tus derechos en vivienda, banca, seguros, telecomunicaciones y todos los temas que te afectan como consumidor.

• La tramitación de tus reclamaciones como consumidor por parte del equipo jurídico de FACUA. Nuestros juristas analizarán tu problema, prepararán la reclamación ante la empresa o administración que haya cometido el abuso para exigir una solución y presentarán una denuncia por vía administrativa para exigir sanciones cuando sea necesario.

• Nuestra revista Consumerismo. Recibirás una de las principales publicaciones especializadas en la protección de los consumidores. Nuestra revista digital recoge entrevistas a personajes relevantes, artículos de opinión, reportajes y análisis sobre los temas que afectan a tus derechos.

• Las personas que convivan contigo tendrán igualmente la posibilidad de inscribirse como socios de pleno derecho, beneficiándose del pago de la cuota a la que también contribuyen como parte de la unidad familiar, y con los mismos derechos que los tuyos.

Independientemente del modelo por el que opten, lo indudable es que tienen mucho trabajo. Se calcula que 1,4 millones de personas están afectadas por cláusulas suelo. Otros seis millones, según la OCU, habrían sido víctimas de la cláusula abusiva que obligaba al ciudadano a pagar todos los gastos de formalización de la hipoteca. “Hablamos, en cálculos conservadores, de 3.100 euros por préstamo, unos 18.600 millones de euros”, recuerda Enrique García. Solo Facua tiene en su plataforma de afectados por el fraude de Volkswagen a 43.000 personas. “Detrás de cada servicio, de cada cosa que compras, hay un contrato. A la vez, hay cientos de normas reguladoras, pero la protección resulta complicada. ¿Cuántos abogados tiene la banca tras cada producto? No estamos en las mismas condiciones que los grandes lobbys económicos”, abunda Móner. El consumidor, coinciden los consultados, tiene más información que nunca a su alcance, pero a la vez está más desinformado por el contenido tóxico que infecta las redes. 
Y los organismos públicos parecen ejercer una tibia presión, empezando porque son las comunidades autónomas (y cada una funciona a su manera) las que tienen las competencias.

El Consejo de Consumo, por ejemplo, es el ente principal en la cadena administrativa de representación de los consumidores, pero no tiene personalidad jurídica. Las asociaciones que lo integran crean mesas de trabajo y realizan dictámenes, “pero el reflejo [legislativo] es pobre, porque es un órgano consultivo. No nos desanimamos, pero es lo que hay”, resume Gustavo Samayoa. Rubén López es mucho más drástico: “Es una pantomima con la que se pretende escenificar que hay un órgano de alto nivel de participación y consulta”. En Adicae también lo censuran: “Está anquilosado, hace 20 años que no se renueva”, dice su presidente, Manuel Pardos.

Otro talón de Aquiles: sin dinero no hay reclamación posible. “En otros países, un organismo adscrito a la protección de los consumidores se dedica a financiar, a través de un fondo estatal, acciones colectivas, porque los ciudadanos son vulnerables ante grandes empresas”, recuerda Hernández. Aquí, sin embargo, los despachos de abogados “compiten” con las asociaciones de consumidores para ganar clientes en un enorme y lucrativo negocio. Y lo hacen de forma feroz, a veces pretendiendo arañar casos asistiendo a las asambleas informativas de las asociaciones. “Tenemos clarísimo cuál es nuestro papel y cuál el suyo, porque legítimamente atienden a sus clientes. Nosotros tuvimos 15.000 afectados por Fórum y Afinsa a los que no les cobramos nada”, explica el presidente de Fuci. “Cabemos todos”, añade Ana Ceballo, de Asceco. La OCU, por ejemplo, agrupa ya a 1.300 afectados por el fraude de los concesionarios, otros 5.500 por el caso Volkswagen y 1.400 de cláusulas suelo. Adicae acaba de ver frustrada su reclamación colectiva por la venta de preferentes de Caja Madrid con 3.057 inversores afectados. “Todavía no está dicha la última palabra”, desafía su presidente, que lamenta la judicialización. Su asociación cuenta con 250.000 afiliados. “Si no hay un sistema extrajudicial para resolver los conflictos, si no se mejora la acción colectiva y las empresas no cambian de actitud seguiremos igual”, cree.

Futuro difícil

Para tristeza de los ciudadanos, los expertos avanzan que los abusos de hoy no serán los de mañana. “Lo próximo estará en la inteligencia artificial aplicada a la robótica. Cuando tu coche conduzca solo y tenga un accidente, ¿qué pasará? ¿Y si tu frigorífico pide cinco kilos de yogures sin tu consentimiento?”, ilustra Ceballo. Sin ir tan lejos, advierte de los nuevos peligros que acechan. “Hay que tener cuidado con las aplicaciones financieras. Le estamos dando toda nuestra información a alguien que no conocemos”. Sin embargo, no ve grandes males derivados de la economía colaborativa. “Está muy pegada al consumidor”.

En compras online surgen miles de dudas y de estafas, como el conocido phishing o suplantación de identidad. Como dice Rubén Sánchez, “el fraude es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma”. Pone como ejemplo una demanda que Facua tardó cuatro años en ganar: la del redondeo al alza que hacían las compañías telefónicas al cobrar el primer minuto independientemente del tiempo consumido. “¿Qué hicieron luego las operadoras? Subieron las tarifas de forma unilateral e ingresaron más que antes. Lo mismo pasará con la banca: si no pueden aplicar cláusulas suelo, montarán una fórmula para ganar márgenes”. Al final es un juego de suma cero. “Pero tenemos que seguir peleando, esto es tan antiguo como la lucha de clases”.

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