Plasencia en Común presenta escrito solicitando la invalidez del contrato con la empresa Ecolimpieza para la prestación del servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales.

Abel Izquierdo Méndez, en calidad de Concejal de PLASENCIA EN COMÚN del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia. Comparezco y como mejor proceda, MANIFIESTO:

  1. Que en la MESA DE CONTRATACIÓN celebrada el 3 de noviembre para el CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PLASENCIA, donde concurren nueve empresas, resulta la más ventajosa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICE, S.L. A favor de la cual se formula la propuesta de adjudicación, salvo que se compruebe que incursa en temeridad. Para lo cual se habilita diez días hábiles con la finalidad de que la empresa justifique la valoración de su oferta y sus condiciones.
  1. Que el 24 de noviembre se celebra MESA DE CONTRATACIÓN, donde se indica que se ha remitido la documentación de la justificación de la empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICE, S.L. incursa en temeridad, al Director del Instituto Municipal de Deporte, el día 22 de mismo mes se recibe del Director de IMD un informe donde se indica que “CONSIDERA VIABLE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PRECIOS OFERTADOS”.
  1. Que con fecha 16 de diciembre de 2016, se aprueba por JUNTA DE GOBIERNO, punto 6, apartado a) CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PLASENCIA. A la empresa ECOLIMPIEZA FACILITY SERVICE, S.L. , por un importe anual de 93.881,56 €/año IVA incluido.

 

EXPONGO.

  1. A) El régimen jurídico de los sujetos que pueden emitir un informe en los procedimientos administrativos locales viene constituido en primer lugar por lo que dice el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

“Artículo 9. Funcionarios de carrera.

  1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
  2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca”.

A su vez, en el ámbito de Extremadura, la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, cuyo ámbito de aplicación abarca también a las Administraciones de las Entidades locales de Extremadura, así como los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de las mismas, en aquellos aspectos no reservados a la legislación del Estado, regula esta cuestión y lo concreta aún más:

“Artículo 14. Funciones reservadas al personal funcionario.

  1. El ejercicio de las funciones, incluidas las directivas, que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales corresponden en exclusiva al personal funcionario.
  1. Son funciones que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales las siguientes:
  2. a) La instrucción o la elaboración de propuestas de resolución en procedimientos administrativos.
  3. b) El ejercicio de funciones de autoridad, las actividades de inspección, vigilancia, control del cumplimiento de normas o resoluciones administrativas y sanción, el otorgamiento de licencias y la emanación de órdenes de policía.
  4. c) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria.
  5. d) La contabilidad.
  6. e) Las de tesorería.
  7. f) La fe pública.
  8. g) La recaudación.
  9. h) La inscripción, anotación, cancelación y demás actos de administración de registros públicos.
  10. i) El asesoramiento legal preceptivo, así como la representación y defensa en juicio de la Administración.
  11. j) Aquellas expresamente establecidas como tales en las leyes.

A los efectos de lo previsto en el presente apartado y salvo supuestos excepcionales, se considerará que las funciones instrumentales o de apoyo no participan en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.

  1. Las Administraciones Públicas de Extremadura podrán incluir en la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario puestos de trabajo que tengan asignadas funciones distintas de las citadas en el apartado 2”.

Por tanto las funciones principales de las entidades locales se atribuyen a funcionarios porque son la clase de empleados públicos que se dan los siguientes requisitos:

1.- Han ganado su plaza por un procedimiento selectivo: oposición, concurso-oposición o concurso, de carácter público con igualdad de oportunidades y donde sólo se valora el mérito y la capacidad. Estas características dan una legitimidad de origen al funcionario ya que no le debe su plaza a nadie sino a sus méritos en competencia igualitaria con el resto de opositores y, por tanto, al no deber favores tiene la imparcialidad, objetividad e inamovilidad necesaria para emitir informes en un procedimiento administrativo local sin presiones ni compromisos concluyendo con su conformidad o disconformidad con el ordenamiento jurídico del expediente y elevando propuesta de resolución al órgano resolutorio al que no le debe nada. 2.- Están sometidos a un estricto sistema de incompatibilidades para el desempeño de actividades en el sector privado y en el sector público de tal forma que no se comprometa su independencia y su imparcialidad por un conflicto de intereses con administrados, contratistas, promotores, accionistas, políticos etc.

  1. B) OFERTAS ECONÓMICAS. Por otro lado, ya en lo normativa específica en materia de contratación, en concreto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se afirma:

“Artículo 152 Ofertas con valores anormales o desproporcionados

(…)

  1. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente”.

Es decir, el concreto procedimiento en el caso de que se advierta que una proposición en una licitación puede ser desproporcionada o anormal es:

Audiencia al licitador. En todo caso, como también regula el derecho comunitario es que nadie puede ser excluido de forma automática por una proposición incursa en anormalidad (entre otras, Sentencia 27 de noviembre de 2001, asunto Impresa Lombardini SpA-Impresa Generale di Costruzioni). Debe permitirse al licitador que explique los motivos de su oferta y su viabilidad sin poner en riesgo la ejecución del contrato.

INFORME TÉCNICO. Debe emitir un informe técnico el personal funcionario correspondiente de la entidad local. Informe que, como ha señalado, por ejemplo, el Acuerdo 5/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, no es una mera formalidad, de tal manera que la decisión acerca de si una oferta puede o no cumplirse no implica la libertad del órgano de contratación para admitir sin más una oferta incursa en anormalidad, sino que se requiere un informe técnico detallado que, sobre lo alegado por el licitador, que ponga de relieve que esta anormalidad de la oferta no afectará a la ejecución del contrato y que, en ella, tampoco hay prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas de forma expresa por el TRLCSP.

Es decir, en aras a preservar la causa de la contratación, el ente contratante no debe dar por válida cualquier argumentación, y debe concretar los motivos aportados para justificar su viabilidad (Acuerdo 55/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón).

Así para el caso de que el sistema elegido por el órgano de contratación para la adjudicación del contrato sea el del criterio único precio, que se corresponde con la antigua subasta, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente, en este caso el que ya está establecido, pero no de cualquier forma sino por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado (tal y como establece la cláusula 18 del PCAP, el TRLCSP y el reglamento que lo desarrolla).

  1. C) PERSONAL DIRECTIVO. Su regulación se contiene en el artículo 13 del EBEP. El apartado segundo lo define como el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.

Por su parte, la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura establece:

“Artículo 20. Concepto de personal directivo profesional. 1. Es personal directivo profesional el que, ocupando puestos de carácter directivo en la Administraciones Públicas de Extremadura, desempeña funciones directivas profesionales retribuidas de carácter ejecutivo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  1. Los puestos de trabajo que conforman a la dirección pública profesional se sitúan bajo los órganos que asuman la dirección política de cada nivel de gobierno y tendrán atribuidas las funciones que se detallan en sus correspondientes instrumentos de ordenación de personal. Se considerarán en todo caso funciones directivas profesionales de carácter ejecutivo las referidas a la dirección, coordinación, evaluación y mejora de los servicios, recursos o programas presupuestarios asignados, así como la rendición periódica de cuentas sobre los mismos
  2. Las especificaciones de la presente Ley en cuanto al personal directivo profesional se aplicarán a las Administraciones Públicas de Extremadura, sin perjuicio de las normas previstas en los artículos 32 bis y 130 y concordantes de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, para el personal directivo de las administraciones locales”.

De este modo, son funciones propias del personal directivo las relacionadas con la participación en la definición de programas y formulación de políticas y/o en la implementación o gestión de los programas públicos, dirigir organizaciones y personas con una cierta autonomía operativa, evaluación y propuestas de mejoras…

CONCLUSIONES y aplicación al procedimiento de licitación del contrato administrativo para la prestación de los servicios de LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE PLASENCIA:

En dicha licitación, una vez que se ha detectado una oferta anormal y desproporcionada, se emite un informe por el Director-Gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia. A este respecto concluir:

  • Este cargo es un PERSONAL DIRECTIVO, que como se ha expuesto entre sus funciones no se encuentran las de emitir informes técnicos, sino las labores propias de dirección comentadas.
  • Es más, al ser un INFORME TÉCNICO establecido con carácter preceptivo en la legislación sectorial de contratación administrativa la cual ESTÁ RESERVADA ESA FUNCIÓN AL PERSONAL FUNCIONARIO.
  • Por otro lado, el INFORME EMITIDO por dicho personal directivo, además de ser emitido por órgano incompetente adolece del más mínimo rigor, exhaustividad y objetividad, pues no basa en ningún parámetro objetivo sino en meras afirmaciones no respaldadas por datos y comparaciones serias ni se hace referencia al conjunto de ofertas válidas presentadas.
  • Para tomar su decisión la mesa de contratación se requiere un informe técnico detallado y riguroso que ponga de relieve que esta anormalidad de la oferta no afectará a la ejecución del contrato, algo que como hemos comentado no se ha dado en este caso.

SOLICITO.

  • Se tenga en consideración lo aquí expuesto.
  • Se proceda a invalidar la decisión tomada por la MESA DE CONTRATACIÓN y el acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO de fecha 16 de diciembre de 2016, punto sexto, apartado A. y retrotraer las actuaciones al momento de emitir un informe de valoración sobre la oferta que contiene valores anormales o desproporcionadas por un técnico con competencias en la materia y basado en un informe más riguroso y serio.

Abel Izquierdo.

Plasencia 09 de enero de 2017.

PDF del escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento de Plasencia

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