Las propuestas contra la pobreza energética en la Comunidad de Madrid y la implicación de los servicios sociales municipales. Foro Servisocial

El repago social de un problema estructural

Aproximación a una definición del problema:

El concepto de  la llamada pobreza energética, es reciente y aún  no se ha cerrado un consenso político o social sobre su definición y alcance. Hasta ahora, la definición más oficial es la de la Organización Mundial de la Salud, que entiende por pobreza energética  “la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano).”

Desde el punto de vista profesional, de quiénes trabajamos en los servicios sociales públicos, nos parece arriesgado ahondar demasiado en esta definición  parcializando la gravedad de la realidad mucho más compleja que se nos presenta en el día a día en los Centros de Servicios Sociales. Asemejándose a otras categorías de reciente cuño como: “hogares vulnerables”, “pobreza infantil” o “pobreza alimentaria”, nos parecen eufemismos que inducen a confusión,  en función de las diversas  necesidades y  demandas  que plantea la población.  Son abstracciones que ocultan el conocimiento de la forma en que queda afectada una familia ante el desbordamiento que supone la falta de alimentación, luz, ropa, productos de higiene, etc. En definitiva,  la imposibilidad de llevar una vida digna desde la perspectiva de los derechos humanos, por una carencia de medios suficientes que es la pobreza en su conjunto.

Al colectivo profesional,  y en especial a las trabajadoras sociales, nos cuesta colaborar en el uso de definiciones que eluden la visión de conjunto. Por el contrario, nos corresponde defender la visión integral y global en todos los ámbitos en los que intervenimos, incluidas las propuestas legislativas. Tal visión  convierte a la persona (y no a la necesidad) y sus relaciones cercanas (la familia afectada en la cotidianidad de su vida ante las carencias que sufren) en el centro de la Atención Social. Ese conocimiento es el aporte específico de los servicios sociales, pues sabemos que las familias en situación de pobreza llegan a tal  degradación que  incluso ven reducido el ejercicio de sus libertades a la toma de una única decisión, tan vital como  calentarse o comer.

Breve  encuadre del sector energético español:

En el debate en torno a las políticas sociales que  mantenemos en Foro SERVSOCIAL Madrid, nos inquieta el tema de las implicaciones ideológicas que  conlleva renombrar una realidad. Hablar solamente de la “lucha contra la pobreza energética” desvía la atención sobre lo más importante, como son, las causas estructurales de la pobreza, siendo la energética una más de sus consecuencias; y pasa tangencialmente por el análisis de los efectos devastadores de la reforma laboral, o de los recortes en la protección social en la sociedad madrileña. Resumiendo, los efectos sobre los seres humanos de unas políticas sociales, fiscales y de gestión de lo público, muy regresivas. Las políticas que han generado e incrementado la pobreza y desigualdad en España.

Más peligroso aún para las personas afectadas, es continuar disociando este problema de las políticas depredadoras que en el sector energético han desmantelado un sector estratégico, en su origen público, para dejarlo en unas manos privadas que no han hecho más que mostrar su ineficacia, tras ser inyectadas con importantes cantidades de dinero público. Remitimos al informe de Pablo Cotarelo para ampliar datos del fenómeno: “El coste real de la energía: estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico español 1998-2013”.  http://www.odg.cat/es/publication/el-coste-real-de-la-energia

Hablamos de compañías que acumulan denuncias por  vulnerar los derechos de los consumidores con la facturación de un producto opaco e indescifrable. Haciendo recaer sobre el cliente el incremento de los costes de producción y distribución de los suministros en los últimos años. Sin embargo los beneficios no repercuten directamente en reducciones de cuota que tendría su lógica, más al contrario leemos titulares escandalosos, en los que los presidentes de las grandes compañías cobraron en 2015, sueldos diarios por encima los 25.000 euros, a la par que crecen los cortes de suministros a las familias más vulnerables. Recomendamos la lectura del siguiente artículo pues contextualiza muy bien el marco del que hablamos: DIAGONAL 31/10/2014 “España, el cuarto país de la UE en pobreza energética. Mientras cerca de siete millones de hogares se ahogan para pagar la factura, las grandes eléctricas anuncian subidas del 11% en el recibo de la luz”.Ricardo Vallano. Madrid.

 https://www.diagonalperiodico.net/global/24348-espana-cuarto-pais-la-ue-pobreza-energetica.html

El papel de los Servicios Sociales municipales, ¿solución o problema? Las consecuencias de las políticas de “ocurrencias “:

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en su segundo estudio sobre la Pobreza Energética en España, detecta que 7 millones de ciudadanos tienen dificultades para pagar las facturas de energía. Según los últimos datos disponibles de 2012, uno de cada tres hogares en paro se encontraba en situación de vulnerabilidad frente a pobreza energética. Sugieren la necesidad de diseñar una estrategia nacional para su prevención y mitigación que mejore la eficiencia energética de los edificios, como solución más óptima a medio y largo plazo (1).

En el mencionado estudio se hace un análisis de las diferentes iniciativas legislativas autonómicas que se han llevado hasta el momento y destacan las siguientes medidas propuestas:

.- Llevar a cabo estudios específicos sobre la incidencia de la pobreza energética.

.- Establecer un protocolo previo al corte de suministro de un hogar y treguas invernales que imposibiliten dicho corte de suministro.

.- Garantizar mínimos de suministro energético.

.- Mantenimiento del bono social (congelación de la factura) y definición del concepto de consumidor vulnerable.

.- Mejora de las políticas energéticas, fomentando las energías renovables.

.- Involucrar a las compañías energéticas en las estrategias de lucha.

.- Priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares.

Este tipo de medidas son las que nos parecen adecuadas para configurar una política integral contra la pobreza energética, pero no son precisamente el modelo que se están siguiendo en algunas administraciones. Por el contrario, se están implantado convenios que abordan aspectos puntuales, como el de la Comunidad de Madrid, anunciado en diciembre de 2015.

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/01/BOCM-20160201-18.PDF

Dotado con unos fondos iniciales de un millón de euros, que a ojo de buen cubero apenas llega a cubrir un pequeña parte del problema (en pocos meses han tenido que ampliar dicho fondo a la vista de la escasa cobertura sobre la población), se traduce en unas líneas de ayudas que se han “lanzado mediáticamente” sin la premisa de estudiar previamente cuál es la incidencia del problema que se quiere afrontar, tal y como recomiendan en el primero de los puntos del estudio mencionado.

Según la aplicación de la  medida, quizá improvisada, en la Comunidad de Madrid podemos aportar la siguiente relación de incidencias:

. Es una convocatoria de subvenciones de concesión directa a las familias, cuya cuantía se deposita directamente a las compañías suministradoras. Que alguien reflexione sobre esto, y nos aclaren en realidad a quien se está subvencionando.

. Obliga a las familias a acumular un impago para reunir el primero de los requisitos de acceso, (vamos, anima al impago). No ayuda a prevenir la angustiosa situación de quedarse sin electricidad o gas.

. Solo contempla determinados suministros y no con todas las compañías, excluyendo de cobertura a las personas que utilizan butano por ejemplo, o quienes no son titulares de contratos, subarriendos o viviendas compartidas. Que son la mayoría de las personas que viven en pobreza, y con mayor precariedad si cabe.

. A falta de planificación institucional previa, se improvisa la delegación de una gestión que supera a los Servicios Sociales de Atención Social Primaria de los municipios, contribuyendo al colapso un dispositivo que como venimos reiteradamente denunciando ya está desbordado con el incremento de la demanda desde los inicios de la crisis.

. Dicha improvisación está generando una situación de caos técnico, a la vez que inseguridad ciudadana al imponer la valoración de hogar “vulnerable” en los profesionales de la Atención Social Primaria ¡¡a petición de unas compañías privadas¡!.

. Se está desviando el sentido y el objeto de los Servicios Sociales Públicos, asignándoles el papel de “certificadores de pobreza”. Amenazando con una regresión histórica hacia épocas pre constitucionales, a los tiempos de los censos de pobres en las unidades de Beneficencia Municipales. Como ya reflexionamos en anteriores artículos, nos están cambiando el modelo de política social por la puerta de atrás, pues no es lo mismo considerar el mantenimiento de los suministros como un derecho básico para la vida digna de las personas, que considerarlo una situación de emergencia nacional o pensar que es una prestación más a integrar en el sistema de servicios sociales.

. Con este último planteamiento alertamos también a los partidos de izquierdas y socialdemócratas, que de una manera un tanto ingenua e inconsciente, depositan en los servicios sociales la valoración no sólo de la vulnerabilidad social a los meros efectos de pobreza energética, también de graduadores del consumo de energía de estas familias.

Por último, apuntamos a la corresponsabilidad social de las compañías suministradoras a las que estamos rescatando entre todas. Tenemos que exigir que sean ellas quienes articulen unos bonos sociales realmente eficientes para ayudar a las personas que los necesitan. Para que asuman parte del riesgo y de las pérdidas, que en definitiva son consecuencia de su mala gestión, no de quienes padecen pobreza. No podemos permitir que las administraciones financien sus riesgos empresariales, a la vez que ponen a su disposición medios técnicos y administrativos de unos servicios sociales públicos para compensarlos. Serán las propias compañías las encargadas de gestionar los suministros para las familias más desfavorecidas, quizá redistribuyendo los importantes beneficios que obtienen anualmente. Por supuesto,  con la estrecha supervisión del organismo o ministerio competente en materia de energía e industria.

El gobierno central debería asumir decisiones para proteger a su población y como en Francia y en otros países, decretar la prohibición de cortes de suministros en las épocas de invierno. Y de paso,  gobierne quien gobierne, de una vez se tomen las riendas para promover una Ley marco estatal de Servicios Sociales, que garantizaría un verdadero contexto de derechos en todo el  Estado; cuando saltan en la sociedad situaciones como esta, es cuando más echamos en falta una articulación de derechos. Puesto que el enfoque de emergencia social arrastra al colapso a un sistema público, el de servicios sociales, que no está preparado para tales contingencias, primero se debe diagnosticar qué estructuras tenemos, no vayamos a meter en un embudo a la población que necesita una respuesta urgente.

VER ARTÍCULO EN PÚBLICO


(1) Tirado Herrero., S., Jiménez Meneses, L., López Fernández, J.L., Martín García, J. 2014. Pobreza energética en España. Análisis de tendencias. Asociación de Ciencias Ambientales, Madrid

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