Manuela Carmena llevaría los tribunales a Ana Botella Por Patricia Mengual

A la actual alcaldesa de Madrid no le temblará el pulso si se confirma finalmente la venta ilícita de casas sociales a fondos buitre por parte del Ayuntamiento durante el mandato de Ana Botella. Las irregularidades esbozadas en un informe preliminar de la Cámara de Cuentas han puesto en un aprieto al anterior Gobierno municipal, del Partido Popular, que podía acabar en los tribunales con el fin de revestir una operación que se dilataría en el tiempo entre “ocho y diez años”.

Ana Botella y la presunta venta ilegal de casas sociales a fondos buitre

Esta semana, la Cámara de Cuentas de Madrid destapaba graves irregularidades en la venta de 1.860 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid tenía alquiladas a familias con escasos recursos económicos a un fondo buitre. Un “quebranto” millonario, llevado a cabo durante el mandato de Ana Botella, que ha supuesto eldesahucio de decenas de familias y que favoreció a un entramado empresarial vinculado con el propio hijo de la exalcaldesa y del que fuese presidente del Gobierno,José María Aznar.

El grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, adquirió más de 1.800 pisos de protección oficial presuntamente sin aplicarse las “instrucciones internas de contratación”. Por ello, y por el daño causado a las decenas de familias que habitan los inmuebles, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid, esperará a que las conclusiones de la Cámara de Cuentas sean definitivas para valorar “cuál es la mejor opción judicial”.

“La primera impresión es que se han cometido irregularidades”, confesaba la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, que ha asegurado que se encuentran “realmente preocupados” ante un potencial “desalojo masivo” de los inquilinos de estas viviendas.

En estos momentos “hay 1.800 familias que corren el riesgo de ser desahuciadas por estos fondos buitres”, aunque espera que “esto no se produzca”, ya que el Gobierno local “no tendría recursos suficientes para poder ofrecerles una solución habitacional” a todos los afectados, personas “vulnerables sin posibilidades para acceder al mercado libre”.

Aunque Higueras reconoce que, en un principio, Fidere sí mantuvo las condiciones de los pisos protegidos de la EMVS, según se fueron extinguiendo los contratos de alquiler a 10 años, por ejemplo, las renovaciones han pasado de 200 euros mensuales hasta los 700, algo “absolutamente inasumible”.

Desde Ahora Madrid confiesan que el Ayuntamiento se enfrenta a “un procedimiento judicial muy complejo” y que “en caso que se llegase a producir no sería antes de ocho años”. La pelota está ahora en los fondos buitre.

Conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas

  • “Han sido los interesados en la compra los que han fijado el precio de venta y esto ha sido aceptado” por la EMVS.
  • La EMVS “prescindió de las instrucciones internas de contratación” fijadas por su Consejo de Administración en 2008.
  • El precio se puso “por un acuerdo negociado entre el comprador” y la EMVS.
  • No existieron “tasaciones previas que fijaran dichos valores” ni un “estudio o informes de viabilidad técnica y jurídica de la operación”.
  • Se saltaron las “normas de contratación incumpliendo los criterios de racionalidad, economía y eficacia que debe presidir la gestión de los intereses públicos”.

Se exigen responsabilidades

El órgano ha pedido a la exalcaldesa Ana Botella y al anterior gerente de la EMVS,Fermín Oslé, explicaciones sobre las graves irregularidades detectadas en esta “macrooperación” de venta de casas protegidas.

Los vecinos ya acudieron a los tribunales, aunque el Juzgado 38 de Instrucción de Madrid lo sobreseyó provisionalmente sin practicar las pruebas que le pedían los damnificados y con las que intentaron demostrar las irregularidades de la compraventa y sugirieron un trato de favor municipal al grupo empresarial beneficiario, vinculado societariamente con empresas para las que trabaja el hijo mayor de la exalcaldesa, José María Aznar Botella.

En la actualidad, también se está investigando la gestión del expresidente Ignacio González, quien enajenó 2.935 viviendas protegidas del IVIMA a otro fondo buitre,Azora-Goldman Sachs. La querella de los afectados del IVIMA ha ido a parar al Juzgado número 48 de Madrid, que ya ha imputado a Juan Van-Halen.

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