Soledad Gállego-Díaz en Primeros dibujos postelectorales ya lo vió claro

Artículo publicado en CXTX el 23 de diciembre 2015

Poco a poco se van dibujando las posiciones de los distintos grupos políticos cara a las negociaciones que se abrirán como muy tarde el 13 de enero, para decidir si existe un posible candidato a presidente del Gobierno capaz de concitar en el Congreso más votos a favor que en contra. Aun siendo conscientes de que se tratará de una negociación larga, difícil y con muchos sobresaltos, es posible perfilar ya algunas opciones, de acuerdo con los intereses, y con las dificultades, de cada grupo.

Por ejemplo, el Partido Popular. Como grupo debe ser ya perfectamente consciente de que su candidato, Mariano Rajoy, no puede obtener la investidura en prácticamente ningún caso, así que lo lógico es que esté pensando en alternativas que le permitan conservar, al menos, una parte del poder. La primera opción, que el PSOE se abstenga y le deje gobernar en minoría, es directamente absurda. La sociedad reclama reformas y un gobierno del PP en minoría es el menos indicado para asumir esa tarea. Segunda opción, un candidato popular que no despierte tanta hostilidad como Rajoy y que se ofrezca a negociar un amplio marco de reformas. Tampoco parece muy factible. Primero, porque antes el PP tendría que convencer a Mariano Rajoy para que deje pista libre y eso solo lo haría si se le garantiza que seguirá controlando el partido. Segundo, porque la maniobra puede no servir de nada, ya que el PSOE, por boca, primero de Pedro Sánchez y después de Susana Díaz, ha asegurado que no votará a favor de ningún candidato del PP y que tampoco se abstendrán. Al PP le quedaría una última posibilidad de conservar alguna parcela de poder: una coalición con Ciudadanos en la que la presidencia del Gobierno fuera para Albert Rivera, capaz de lograr la abstención de los socialistas, de introducir un aire de nueva política y de reformas y, al mismo tiempo, garantizar al PP que no pierde todo su poder. Algunos barones populares creen que ese acuerdo les facilitaría mucho las cosas en sus propios territorios. Otros dirigentes, sin embargo, creen que es preferible pasar a la oposición y esperar el fin de una legislatura corta, organizada en torno a un eventual gobierno a la portuguesa, es decir, un acuerdo de las izquierdas.

¿Le podría interesar algo semejante a Ciudadanos y a Albert Rivera? Sí, desde luego. Para Rivera llegar a ser presidente del Gobierno a la primera, aunque solo fuera con 40 diputados propios, sería una opción magnífica para consolidarse como centro. Mejor aún si el PSOE no solo se abstuviera, sino que aceptara un acuerdo de investidura y mejor todavía, un pacto de legislatura. Rivera se la jugaría luego en lograr llevar a cabo, en un periodo corto, de unos dos años, un programa de reformas político-sociales moderado, pero suficiente para resaltar las posibilidades de su “nueva política”. Si fracasa, bien sea a manos del PP o del PSOE, siempre le quedaría, en las siguientes elecciones, la defensa de su centrismo.

¿Por qué podrían aceptar Pedro Sánchez y el PSOE esta alternativa, bien absteniéndose bien acordando un pacto parlamentario?  Habría algunas razones, aunque difíciles de estructurar. Primera razón, las presiones que sin duda ejerce el establishment económico-político español y un sector del propio Partido Socialista. Segunda, si se trata de una simple abstención se puede presentar como un ejercicio de responsabilidad (permitir la gobernabilidad) pero no ciega u oportunista: por el camino ha logrado que desaparezcan no solo Mariano Rajoy, sino también cualquier posible presidente del Partido Popular. Se visualizaría el cambio. Parece que Susana Díaz quiere, al menos, explorar esa opción.

Lo que no está nada claro es que esa posibilidad despierte el interés de Pedro Sánchez. Su primera opción es aquella que le permita ser presidente del Gobierno a él mismo, como representante de la segunda fuerza política del país y, lo más importante, primer partido de la izquierda. Sánchez parece más determinado de lo que algunos piensan a pelear por ese objetivo, al margen de presiones e intereses cruzados. Su investidura como presidente del Gobierno le garantizaría el anhelado control del partido y, también, la posibilidad de que se visualice al PSOE, otra vez, como alternativa. El actual secretario general cree que el único riesgo que no debe correr el partido es que se le vuelva a identificar, por activa o por pasiva, con el PP. Esa asociación ha sido, según su análisis, lo que ha puesto al PSOE en una ladera en continua bajada. Todo lo que sea quedarse en ese plano inclinado es letal. Si de lo que se trata es de pedir ejercicios de responsabilidad, Sánchez y su gente (sus asesores más cercanos son Meritxell Batet, César Luena y Antonio Hernando) no encuentran razón para que no se aplique ese ejercicio a los demás grupos. Más fácil debería ser que el PP se abstenga “responsablemente” frente a un acuerdo PSOE-C’s (130 votos a favor; 97 en contra –los 69 de Podemos más, en el peor de los casos, los 28 de todos los otros grupos pequeños–) que una abstención del PSOE para que el PP sobreviva agarrado a C’s.

Según ese análisis, Pedro Sánchez no descarta un posible acuerdo “de izquierda”, en alguna de sus múltiples posibilidades. Conseguir el apoyo de los 69 diputados de Podemos (mejor dicho, de los cuatro grupos que componen Podemos) es una posibilidad que merece la pena explorar. Cualquier aproximación precisa, sin embargo, que Podemos ponga en “modo espera” la exigencia de una fecha concreta para el referéndum de autodeterminación catalán, algo que está completamente fuera de las posibilidades del PSOE. Una cosa es comprometerse a abrir inmediatamente una ponencia en la comisión constitucional encargada de ir examinando las posibles reformas del texto fundamental, y otra, aceptar de entrada que el Estado va a organizar ese o esos referendos de autodeterminación.

Los asesores de Sánchez estiman, sin embargo, que Podemos y Pablo Iglesias tampoco tendrán tan fácil defender su posición en esas eventuales negociaciones “a la portuguesa”. Primero, porque la mayor parte del voto que ha conseguido Podemos fuera de Cataluña no está vinculado con la exigencia del referéndum, sino con la solución de las emergencias  sociales, nuevo salario mínimo, renta mínima garantizada, derogación de la legislación laboral, impulso de la negociación colectiva, aspectos todos ellos en los que, a la vista de la similitud con el programa socialista, sería fácil encontrar un acuerdo. Si Podemos no estuviera interesado en el pacto a la portuguesa y prefiriera ir a nuevas elecciones, tendría que explicar muy bien a su propio electorado por qué ha perdido esta oportunidad de atajar rápidamente problemas muy urgentes.

Cierto que esta posible alianza despierta malestar en sectores del PSOE, que no quieren ni oír hablar de un pacto o acuerdo con Podemos. Cierto también que la suma de los votos PSOE (90), Podemos (69) y previsiblemente Unidad Popular (2) no ofrece mayoría de votos favorables (161) frente a los votos negativos de PP y C’s (163). Necesariamente los 161 votos de PSOE, Podemos y UP deberían sumar bien los 6 del PNV y el de Coalición Canaria, o bien los de los grupos de nacionalistas catalanes (17 escaños).

¿Qué salida le conviene más a Podemos? Pablo Iglesias mantiene que le faltó una semana más de campaña y un debate televisado más para haber logrado el sorpasso de los socialistas, pero a lo mejor una semana le iba bien pero cuatro le van mal. La seguridad que tienen los podemitas de aumentar voto si se va a unas nuevas elecciones es una elucubración, quizás cierta, quizás errónea. Sobre todo en cuanto al voto no catalán, valenciano y gallego se refiere, es decir, a los más de 35 escaños conseguidos en Andalucía, las dos Castillas, Madrid, Extremadura, La Rioja, Aragón, Asturias, Canarias, Baleares, Cantabria o Murcia. Por eso sorprendió tanto que nada más conocer el resultado electoral, Iglesias no hablara de un plan contra la pobreza o desigualdad, sino que recordara al PSOE que el referéndum catalán es un compromiso insalvable. Es posible que esa condición sea indispensable para Ada Colau (aunque no está tampoco claro que la alcaldesa, una política excepcional, mantenga esa exigencia como prioridad absoluta) pero, desde luego, no lo es para sus diputados andaluces o madrileños.

La opción a la portuguesa no garantizaría un gobierno largo, sino quizás una legislatura corta, de dos años o poco más, pero todos los posibles socios tendrán que valorar si en ese espacio de tiempo podrían atajar algunos de los problemas más serios de desigualdad, precariedad laboral y pobreza, como han prometido en campaña.

Una penúltima observación: la pérdida de 3,5 millones de votos del Partido Popular solo se explica si la corrupción de la que ha dado tantas muestras durante esta legislatura ha tenido un altísimo coste electoral. Es una excelente noticia y un desmentido en toda regla a quienes aseguraban que esos temas no tendrían tanta influencia a la hora de la verdad. Resulta que los ciudadanos son ahora mucho más exigentes respecto a la honestidad de sus políticos y de sus diputados. Tomen buena nota y comiencen, nada más abrir la legislatura, por hacer públicos los gastos de los diputados y por nombrar a un auditor que se encargue de hacer un seguimiento  estricto, a partir de ahora, de las actividades, incompatibilidades y gastos de los nuevos representantes. Y por supuesto, que busquen la manera de suprimir el fuero parlamentario al diputado por Segovia al que su propio partido pidió la dimisión por posible corrupción.

La espectacular portada de Expansión, el miércoles 23 de diciembre, indica hasta qué extremo está preocupado el establishment (es decir, el conjunto de personas que tienen el poder económico-político, la élite dirigente, de este país) por el resultado de las elecciones del 20-D. Pero también su formidable desconexión de la realidad política española, con las preocupaciones de los españoles, expresadas a través de su voto; una desconexión tan enorme que casi raya con la pura fantasía. Que personajes como Juan Miguel Villar Mir, implicado por la Fiscalía Anticorrupción española en posibles delitos de fraude a la Administración pública, y cuya empresa constructora OHL está  siendo investigada en México por pago de sobornos y corrupción de funcionarios, se lance a dar consejos a los españoles sobre lo que le conviene a su bienestar es digno de una película de Berlanga.

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